Una historia del poder provincial: el palacio de la Diputación (y 3)

Reunida la corporación, bajo presidencia de Manuel Nieto , el 13 de febrero de 1889, el mismo diputado que había gestionado la compra del antiguo presidio, propuesto después que la casa palacio fuera obra de Ortiz Villajos e intentado más tarde retirarle la dirección de las obras, Ignacio del Castillo , plantearía su sustitución por el arquitecto provincial, Ezequiel Martín. Días antes, había criticado agriamente, como presidente de la Comisión, el estado y ritmo de los trabajos y se había ocupado de liquidarle a Villajos los honorarios debidos. Inicialmente quiso atacar, como años antes Elías Gallegos, la supuesta ilegalidad de pagar a dos arquitectos. Reprobado ese alegato por los otros vocales, pasó a invocar como razón, tras elogiar «el celo, inteligencia y lealtad» del autor del proyecto, que, siendo innecesario, según él, mantenerlo al frente ya en marcha la obra, su eliminación aliviaría «la aflictiva situación de los pueblos».

Era un planteamiento cargado de incoherencias. Por un lado, no proponía medidas para cobrar la crecida cantidad de dinero, más de un millón de pesetas a comienzos de 1889, pendiente de recaudación o que adeudaban los pueblos por repartimiento de contribuciones. Tampoco pensó en reducir las casi 140.000 pesetas anuales de gastos de Administración, que incluían los de representación y las dietas de los diputados. En fin, el ahorro era prácticamente inexistente, pues el facultativo provincial, además de cobrar un elevado sueldo y de tener prometida una gratificación anual de otras 2.000 pesetas, seguiría obteniendo el 5 % de cada contrata, como hubiera ocurrido con el técnico quintanareño.

Lo que cambiaba, en suma, era que el beneficio quedaba en casa. Era, probablemente, el precio a pagar por la continuación de las obras. Triunfaban los privilegios de la toledanía sobre la voluntad toledanista de prestigiar ciudad e instituciones. Fuera como fuese, la Diputación acordó el cese. Villajos protestó por las impertinencias de Ignacio del Castillo, pero hubo de aceptar su renuncia inmediata y se comprometió a entregar a Ezequiel Martín en breve cuanta documentación poseía.

Dos días después del nombramiento del nuevo director facultativo, la Comisión provincial acordó colocar solemnemente la piedra inaugural del edificio. La ceremonia tuvo lugar el 16 de febrero de 1889. Fueron invitados el Gobernador, Manuel Somoza (que no asistió), los Diputados residentes en Toledo, el arquitecto provincial y hasta el contratista de las obras, pero no quien había proyectado el edificio y dirigido su construcción. En un hueco de la piedra quedarían, dentro de una caja de plomo sellada, el acta del evento, seis periódicos madrileños del mismo o anterior día, cuatro toledanos - El Liberal democrático, El Centro, El Nuevo Ateneo y el Boletín oficial de la provincia -, y monedas de diverso valor.

A partir del pomposo acto, Ezequiel Martín se encargaría de presupuestar las contratas y de revisar su realización. A su vez, las obras, adjudicadas por concesión administrativa tras subastas que dejaron de ser publicadas en la Gaceta de Madrid , quedarían reservadas para licitadores toledanos. En septiembre de 1889 se solventó así el suministro de madera para el andamiaje del entresuelo. En enero siguiente se dieron por terminadas las obras del piso bajo y a principios de noviembre, el arquitecto presentaba planos definitivos de las distintas plantas del palacio, siguiendo, en líneas generales, los diseñados por Villajos en atención a las indicaciones recibidas, y presupuestaba las obras pendientes. En fin, en enero de 1892 firmó la liquidación de las realizadas para interior y cubiertas del edificio con coste superior al presupuestado, por acuerdo del pleno para cambiar materiales de construcción.

Las dificultades económicas persistían, sin embargo. En ellas repercutían la decisión gubernamental de disminuir las contribuciones hasta un 45 % menos entre 1891 y 1893 y la renuncia a perseguir los incumplimientos fiscales de los contribuyentes. Se produjo así una sensible disminución de los fondos precisos para atender a la construcción del edificio e incluso a cuanto interesaba directamente a la población, como beneficencia, obras públicas, prisiones o medidas contra las plagas del campo. Para cubrir el déficit, el Gobernador civil, Manuel Baamonde Guitián , después nombrado Secretario del Gobierno de Madrid, decidió recortar gastos de administración eliminando personal, bajando salarios a los pocos funcionarios y empleados mantenidos en plantilla y reduciendo al mínimo las sesiones de las distintas comisiones que generaban dietas. Uno solo de los 24 Diputados apoyó, a principios de julio de 1891, sus propuestas. En cuanto a las obras de la casa palacio, quedaron suspendidas en abril de 1892 y los andamios fueron retirados.

La oposición no pudo revertir lo dispuesto, finalmente aprobado en mayo de 1892, hasta la llegada, en diciembre de ese año, del nuevo Gobierno liberal. Venancio Gon zález volvía al frente del Ministerio de la Gobernación y Segismundo Moret se hacía cargo de Fomento. Como Gobernador fue nombrado quien ya lo había sido entre 1885 y 1887, el periodista Luis Polanco Díaz-Labandero (1836-1903). Éste procedió a anular el nombramiento de cargos corporativos realizado bajo el mandato de Manuel Baamonde y, en febrero de 1893, los Diputados, con mayoría liberal, eligieron Presidente al farmacéutico y terrateniente de Santa Cruz de Retamar Brígido Recio Sánchez de Ipola. La corporación así constituida acordó a su vez anular buena parte de las cesantías anteriormente dispuestas, lo que permitió recuperar el buen ritmo del funcionamiento institucional, y elevó contribuciones y sueldos, aunque sin alcanzar el nivel de los primeros años ochenta. Por otra parte, a fin de recaudar lo adeudado por contingente provincial, dispuso el nombramiento en los distintos partidos judiciales de agentes ejecutivos de recaudación, cuya acción consiguió equilibrar las cuentas a partir de 1895 y recuperar servicios y proyectos.

Sólo entonces se activó la construcción de la casa palacio. Las obras para completar la edificación y habilitar los locales de las distintas plantas salieron a subasta entre agosto y diciembre de 1895. A finales de diciembre de 1896 sería a su vez convocado un concurso para la decoración del salón de actos al que presentaron proyectos el gaditano Eulogio Varela (más tarde ilustrador de Blanco y Negro ), José Muriel Alcalá (conservador de la Escuela de Artes), y los toledanos Jorge Herencia, José Vera y Blas Yela, Federico Latorrre (junto a Luis Taberner , decorador de la Bolsa madrileña) y Ricardo Arredondo .

La Comisión provincial comenzó a recibir certificaciones y liquidación de las obras finales de albañilería, carpintería y demás a partir de enero de 1897 y en abril, contrataba las requeridas para instalar las dependencias de la Diputación. Finalmente, a lo largo del primer semestre de 1898 se adquiría el mobiliario y cortinaje de los distintos despachos y oficinas. Fueron encargos presupuestados por parcelas de importe inferior al exigido para sacarlos a concurso y adjudicados así a criterio del arquitecto provincial.

Todo parecía preparado para trasladar los despachos. El 10 de junio, el Gobernador , Eduardo Ortiz Casado , convocó sesión plenaria en el Palacio. Suspendida por inasistencia de Diputados, catorce de los 24 vocales presididos por Brígido Recio Sánchez de Ipola, quien ya había ocupado el cargo entre 1893 y 1894, asistieron el 1 de julio de 1898 -en tercera convocatoria y bajo amenaza de multa a quienes faltasen sin justificación- a la primera sesión celebrada en el Palacio provincial, según recogió en acta el Secretario y Diputado por Toledo, Julián García-Patos Bejerano (1869-1923). Ni entonces, acaso porque la guerra de Cuba en apogeo no invitaba a celebraciones, ni más adelante, por razones ignoradas, sería convocado, sin embargo, acto inaugural alguno.

En cualquier caso, el local aún no reunía condiciones para el funcionamiento ordinario de las oficinas. El 2 de noviembre se reuniría de nuevo la Diputación, esta vez en el salón de quintas, habilitado al efecto «por no hallarse en condiciones el de actas», para constituir la corporación resultante de los comicios celebrados en septiembre. El yerno de Brígido Recio, Julián García-Patos, elegido Presidente, sería quien el 26 de abril de 1899 abriera por fin en el salón de sesiones del Palacio las del segundo período semestral del año en presencia del Gobernador civil, Alfonso Roca de Togores (1864-1923), nombrado un mes antes por el nuevo Gobierno del Partido Conservador.

Habían pasado dieciocho años desde que se decidiera la construcción. Su coste, dada la ausencia de un documento de liquidación final del conjunto de las obras, sólo se puede conocer por aproximación a partir de los datos sobre gastos recogidos entre 1881 y 1900 en las cuentas de fondos provinciales o de las cantidades presupuestadas para las distintas contratas. Se situaría entre 1.200.000 y 1.300.000 pesetas, cifra similar a la calculada por Agustín Ortiz de Villajos en 1882.

En cuanto al último director de las obras, Ezequiel Martín , continuó al servicio de la Diputación, además de ser nombrado arquitecto diocesano en 1905, hasta edad avanzada. Aparte de los muchos proyectos corporativos que llevan su firma, atendería encargos de particulares y municipios, entre ellos, el de las escuelas de su pueblo natal, Ventas con Peña Aguilera, y el del Ayuntamiento de Mora. Fue asimismo miembro de numerosas e influyentes sociedades, como la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas o la Congregación de Caballeros del Pilar. Al morir en 1932, el periódico El Castellano recordaba sus «arraigadas convicciones religiosas», pero ninguno de sus proyectos. Recibiría sepultura en la sencilla tumba del cementerio toledano, cuyos planos él mismo trazara, donde yacía su esposa, fallecida seis años antes como terciaria carmelita.