Dependencia de la cruda realidad

Teniendo en cuenta que una persona dependiente es aquella que presenta limitaciones para realizar una o varias actividades básicas de su vida, tales como como vestirse, lavarse, cocinar o hacer la compra; y que por tanto necesita en todo momento la ayuda de otros para subsistir día tras día, es más que desoladora otra realidad: en estos momentos 3.559 dependientes ni siquiera están valorados ; es decir, nadie de la Admintración se ha acercado a ellos para determinar su grado de dependencia y, por lo tanto, no existen para la política de ayudas en torno a esta realidad. Por ello, la Plataforma se pregunta cuántos de ellos morirán sin haber sido visitados nunca por un valorador.

Según las cifras del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Gobierno de España, en 14 meses de legislatura autonómica sólo se han rebajado en 1.899 los expedientes paralizados, «cuando el compromiso, tanto en campaña electoral como en el discurso de investidura del presidente de Castilla-La Mancha, fue terminar en un año con las 5.458 solicitudes pendientes de valorar», critica la Plataforma, que tacha de «cantidad vergonzosa» el número de dependientes sin atender con grado reconocido y, por lo tanto, con derecho a recibir alguna prestación o servicio».

Muchos de ellos son grandes dependientes y por tanto en un estado muy delicado de salud, por lo que, -vaticinan- morirán antes de heber sido atendidos. «Seguimos con la misma política del Gobierno anterior consistente en dejar que el paso del tiempo haga su trabajo y las muertes de estas personas hagan que vayan bajando las listas de espera».

Los datos del Imserso son leídos de forma diferente por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Comunidades. La directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, asegura que en un año hay 5.903 personas menos en el llamado «limbo de la dependencia» , al tiempo que «se han reducido en 2.584 las personas con solicitudes pendientes de valorar». En cuanto a los tiempos de espera, el Gobierno regional presume de haberlos bajado y de que «ahora son un 41,4% inferiores a los de enero de 2015; de unos 10,5 meses de media, se han acortado hasta los 8,4 meses en junio de 2016, asegura la directora general.

Todo ello, «a pesar de que en el primer semestre de 2016 se han incrementado un 31% las solicitudes de valoración y de revisión de grado o PIA, que eran 7.300 solicitudes en el primer semestre de 2015 y han sido 10.700 em el primer semestre de 2016, entre otras razones por la eliminación de las tasas y porque, afortunadamente, los ciudadanos han recuperado la confianza en que este Gobierno sí atiende sus solicitudes», afirma Ana Saavedra. Al mismo tiempo, añade, ha habido una reducción en las solicitudes pendientes de valorar, que han pasado de las 6.143 de julio 2015 a las 3.559 el pasado mes, 2.584 personas, lo que supone una reducción de un 42%.