Agentes de progreso olvidados (1). Julián de Huelbes

La determinación de sacar a Toledo y su provincia del estancamiento se había puesto claramente de manifiesto, coincidiendo con el inicio del proceso liberal de instauración y consolidación de un régimen constitucional, tras la muerte de Fernando VII, en 1833. El restablecimiento, a su vez, de las Diputaciones en enero de 1836 daría protagonismo a personalidades liberales no originarias de la capital provincial, que triunfaron ese año en las elecciones para diputados en Cortes. Al menos cinco de los seis representantes de Toledo y uno de los dos suplentes, casi todos ellos miembros ilustrados de la muy minoritaria parte de la población con derecho a voto en cuanto mayores contribuyentes, estaban encuadrados en tal grupo. Alguno, además, destacaría durante la guerra carlista tristemente iniciada en Talavera, como el hacendado y jurista de Illescas Esteban Abad Gamboa en los combates y el abogado Julián de Huelbes y Sol, quien promovió la leva obligatoria de soldados y el reforzamiento y mejora del equipamiento de la Milicia Nacional, de la que formaba parte.

Sería este último, nacido en 1804 de una familia con propiedades en la comarca de Ocaña, la cabeza más visible del grupo. Siendo vocal y secretario de la primera corporación provincial, su cercanía a las posiciones de Juan Álvarez Mendizábal (Cádiz, 1790 – Madrid, 1853), organizador de la desamortización de 1836-1837, le llevó a ser elegido Diputado y Secretario del Congreso en febrero de 1836. Allí se pronunciaría por la disolución de las órdenes religiosas, la supresión de los diezmos y la contribución forzosa de la Iglesia al esfuerzo bélico. Al tiempo, en la capital provincial, León Carbonero y Sol, Miguel de San Román y Sixto Ramón Parro, entre otros, pugnaban por defender los privilegios eclesiásticos frente a quienes, desde posturas similares a la de Huelbes, iban a encabezar, durante la regencia de Espartero, la Junta gubernativa provincial de 1840 y el Ayuntamiento, como el alcalde Joaquín Pérez González , procurador fiscal, o los regidores Blas Hernández , librero, y Francisco Navarro , industrial.

El laicismo de su postura, acogido por eclesiásticos y publicistas de la Iglesia como inaceptable anticlericalismo, no impidió que tanto él como el propietario agrícola de Illescas Félix Martín , también seguidor de Mendizábal , fueran reelegidos casi ininterrumpidamente hasta marzo de 1843, cuando fracasó el intento de anular las actas de los distritos de Toledo y Mora, favorables a su candidatura, ni que asimismo fueran hechos senadores Abad Gamboa y Salvador de Arce . Ello a pesar de que buena parte de los progresistas toledanos, como Blas Hernández, candidato en las elecciones de 1843, y Víctor Fernández Alejo, electo una y otra vez hasta septiembre de 1843, opuestos al autoritarismo del General Espartero y a las medidas económicas de Mendizábal, se alinearon con los moderados para atacar a los despectivamente llamados «ayacuchos», esto es, los partidarios del grupo de militares y civiles que controlaba el Gobierno.

Con todo, esa alianza, que provocó la caída de Espartero, y el posterior triunfo de los moderados, muñidores de la Constitución de 1845, lo apartaría de las Cortes mientras los tradicionalistas, encabezados por gobernadores como el funcionario neocatólico Félix Sánchez Fano , Dionisio Gainza , comisionado en la provincia de los negocios del financiero José de Salamanca, y Miguel Tenorio, amante oficial de Isabel II, y por personalidades como Jerónimo del Hierro, Vizconde de Palazuelos, Sixto Ramón Parro y Manuel María de Herreros , volvían al frente del Ayuntamiento y la Diputación y se hacían con los escaños del Congreso sin eficacia alguna para los intereses urbanos y provinciales. Así, por ejemplo, ninguno de los Diputados elegidos en 1844, ni Manuel Beltrán de Lis, impulsor del ferrocarril inaugurado en 1852 entre El Grao a Valencia y futuro ministro de Hacienda, ni por supuesto Parro, más interesado por reinventar el pasado de la ciudad que por su progreso, tomarían iniciativa alguna para apoyar el proyecto de un camino de hierro para unir Madrid con Portugal pasando por Toledo, pronto abandonado pese a haber sido promovido entre 1845 y 1846, con técnica y capital ingleses, por algunos de los más importantes inversores de la provincia, entre otros, el banquero Mateo Murga y José Safont, uno de los principales beneficiarios en Toledo de la desamortización de Mendizábal.

Su alejamiento del Congreso entre septiembre de 1843 y diciembre de 1846, cuando volvió a ocupar un escaño y a ejercer la secretaría de la cámara hasta septiembre de 1850, estuvo, de todas formas, ligado a su defensa de un poder ejecutivo ajustado a la legalidad y alejado de los extremos, postura que le llevó a apoyar la emisión de un voto de censura contra la actuación arbitraria del Regente en mayo de 1842. Esa actitud explica que conservara su prestigio personal. Una semblanza suya publicada entonces encomiaba justamente sus «pocas pretensiones, mucha capacidad, mucho patriotismo, mucha instrucción, muy buen humor» y conocimiento de idiomas. Se mantuvo, asimismo, sin interrupción como uno de los cinco miembros de la importante Comisión central de indemnizaciones por daños causados durante la guerra civil, para la que fue designado en abril de 1842 y donde permaneció hasta la disolución del organismo en 1851.

En cualquier caso, la continuidad de su presencia en la vida pública estaría condicionada por los acontecimientos políticos y por su fidelidad constante a la tendencia centrista de un, empero, fragmentado Partido Progresista. Esas circunstancias volvieron a separarlo del Congreso hasta que los últimos gobiernos moderados, en manos de una camarilla movida, con notorio desprecio de la legalidad, por la ambición personal de lucro, cayeron arrastrados por una amplia coalición de fuerzas políticas y por el movimiento insurreccional que la acompañó, reproducido por Cecilio Pizar ro en el periódico La Ilustración, y se dio paso al llamado bienio progresista y a un gobierno nuevamente presidido por Baldomero Espartero en julio de 1854.

La insurrección tendría un reflejo inmediato en Toledo . Al contrario, sin embargo, de la capital del reino y de otras provincias, no hubo alteraciones del orden público gracias a quien ocupaba la Comandancia general de la provincia, el Brigadier Antonio Ramírez Arcas, al frente de una Junta de Gobierno provisional constituida el 18 de julio con notables de la capital. Alguno de ellos había sido miembro de la Junta de Gobierno y de la corporación municipal de 1840, como Blas Hernández y Ambrosio González , o formaba ya parte del Ayuntamiento, como Rodrigo González Alegre . Días después, ese organismo se ampliaba con representantes de los distintos partidos judiciales, entre ellos, Venancio González, comisionado por Lillo y futuro Ministro. La Junta reorganizaría la Milicia Nacional y nombraría, con carácter interino, Gobernador civil, regidores en el Ayuntamiento y vocales de la Diputación. Llegado octubre, el nuevo Gobernador, Mateo Navarro Zamorano , cercano a los introductores en España de las ideas regeneracionistas, haría elegir nuevos cargos en las corporaciones municipal y provincial, que sustituyeron tanto a los individuos más claramente ligados al régimen anterior, como a quienes presentaban un perfil más radical, caso de los republicanos Mariano Villanueva o Francisco Ruano.

Por lo que interesa a Huelbes , a principios de agosto sería nombrado Director General de Administración del Ministerio de la Gobernación, desde donde pudo controlar las elecciones a Cortes constituyentes en octubre de 1854. En ellas renovó su escaño por Toledo, al igual que Félix Martín, el abogado Mariano Jaén y el juez Mateo Bazán , antiguos Diputados progresistas. Junto a ellos obtendrían acta el hacendado y financiero Pedro Nolasco Mansi ; Ambrosio González, años antes apartado de la secretaría de la Diputación por sus posturas liberales; y un joven Rodrigo González Alegre, más tarde alcalde de la ciudad. Unos y otros protagonizaron las diversas tentativas de hacer llegar el ferrocarril a Toledo emprendidas esos años hasta ver finalmente aprobada la construcción de un ramal que enlazase desde Aranjuez con la línea de Madrid a Alicante. La admisión por las Cortes del proyecto en junio de 1856 sería anunciada con alborozo por el alcalde interino, Diego Gómez Elegido.

Por su parte, de nuevo fue elegido Secretario de la Cámara. Meses después, en junio de 1855, se hacía cargo del Ministerio de la Gobernación, desde donde hizo aprobar la Ley de Sanidad vigente hasta 1904. Las circunstancias en que ingresó en el ejecutivo lo dejaron, sin embargo, en medio de las disputas que, un año después, hicieron caer al nuevo gobierno de Espartero. Opuesto a la radicalización política querida por los demócratas republicanos, cesaba como Ministro en enero de 1856. Se alejaría, a partir de entonces, de la primera línea política y renunciaría a figurar en toda candidatura electoral al tiempo que afianzaba su postura centrista. La convicción de que era preciso estabilizar el país para consolidar el régimen liberal lo llevó a separarse progresivamente de los llamados progresistas puros y a unirse, en 1858, a los miembros del partido que optaron por apoyar a la Unión Liberal del general O’Donnell.

Fruto de ese acercamiento sería su nombramiento en 1859 como Senador vitalicio y en 1861 como Director General de la Deuda Pública en el Ministerio de Hacienda, cargo que no aceptó. Ese rechazo le permitiría mantener en el Senado la independencia de criterio que caracterizó toda su actividad pública sin abandonar sus convicciones liberales, como le fue reconocido al fallecer en 1865. Así, la revista El Museo Universal anunció su desaparición como la de «uno de los hombres más consecuentes que el partido progresista contaba en su seno» y cinco años después era recordado por haber sido un ministro «siempre dispuesto a sacrificarse» por el bien de su patria. Para los más, seguiría tan ignorado como la población de Toledo, oculta entre sus tolmos.