Una ley electoral con grandes desigualdades entre provincias

Vamos a tratar de explicarlo. El sistema electoral de Castilla-La Mancha es peculiar, por llamarlo de una manera suave, con los 33 diputados autonómicos, que se reparten entre las cinco provincias: nueve para Toledo, siete para Ciudad Real, siete para Albacete, cinco para Guadalajara y cinco para Cuenca. Sin embargo, el problema viene por las enormes diferencias de población entre los cinco territorios. Unas diferencias que, además, se van agrandando con los años, ya que mientras Toledo y Guadalajara crecen impulsadas por las comarcas de La Sagra y el corredor del Henares, respectivamente, las otras tres provincias siguen perdiendo población.

Así pues, Ciudad Real y Albacete eligen los mismos diputados (siete), pero Ciudad Real tiene 100.000 y pico más vecinos que Albacete. Y lo mismo pasa en Guadalajara y Cuenca: las dos eligen cinco diputados cada una, pero Guadalajara cuenta con 70.000 empadronados más. Las cuentas están al alcance de todo el mundo. Son 709.403 toledanos para elegir a nueve diputados, por lo que tocan a uno cada 78.823 habitantes. En Ciudad Real les corresponde uno cada 70.370 habitantes, en Albacete cada 55.209, en Guadalajara cada 53.118 y en Cuenca cada 39.103. Lo dicho: el voto de un conquense será el doble de importante que el de un toledano.

La ley electoral de Castilla-La Mancha provoca situaciones 'paranormales', como ya se vio en las elecciones de 2019. Vox obtuvo 29.492 votos en la provincia de Toledo y no logró ningún escaño, pero a Ciudadanos lo votaron 18.220 personas en Guadalajara y sacó uno. De hecho, entre Vox y Podemos sumaron más de 150.000 apoyos (casi un 14 por ciento del total de los votos) y no tienen representación en el parlamento regional, mientras que Ciudadanos obtuvo 122.955 votos (un 11,38 por ciento del total) y cuatro diputados. La gran paradoja es que las encuestas dicen que en las próximas elecciones sucederá al revés: Vox entrará en las Cortes regionales como tercer partido y Ciudadanos se quedará fuera.

Para terminar de entender el enredo matemático, hay que tener en cuenta que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con menos diputados junto con La Rioja, que también tiene 33. Pero en Castilla-La Mancha están censados 2.049.562 habitantes y los riojanos son 319.796. Por ejemplo, otras regiones con una población similar a la de Castilla-La Mancha, como pueden ser Castilla y León, País Vasco o Canarias, tienen 81, 75 y 70 diputados, respectivamente. Los castellano-manchegos tocan a un diputado cada 62.108 habitantes y sólo son superados por Andalucía, con uno por cada 77.729.

Preguntados por ABC, en el PSOE admiten lo obvio, que «es una ley electoral en la que hay poca proporcionalidad en el voto», aunque añaden que la distribución de escaños entre provincias puede cambiar. Los socialistas están abiertos a negociar una modificación de la ley, que siempre pasaría por aumentar los diputados. Eso sí, no especifican cuál sería el número ideal y ponen una condición indispensable: tiene que haber consenso, sobre todo con el PP.

La ley electoral está dentro del Estatuto de Autonomía y, por tanto, cualquier cambio se tendría que aprobar finalmente en las Cortes Generales. «El PP se niega a hablar porque cree que la actual ley le beneficia, ya que en las próximas elecciones, si entra un tercer partido, será Vox. Que quede claro: es un veto del PP», insisten los socialistas.

En las filas populares, mientras, aseguran: «Estamos dispuestos a dialogar y a llegar a consensos, pero en temas que realmente preocupen a la ciudadanía. No creemos que con la que está cayendo, con la nefasta gestión económica de Page, sea prioritario para los ciudadanos que se modifique la ley electoral». Además, creen que el PSOE quiere cambiarla «para que haya más diputados y así ellos tengan mayores posibilidades de ganar las elecciones. Nosotros no estamos en eso. Para que haya más políticos, ahí no nos van a encontrar».

Bajo el mandato de María Dolores de Cospedal, con mayoría absoluta del PP, la ley electoral se cambió dos veces en una legislatura (2011-2015). Primero se aumentaron los diputados de 49 a 53 (lo cual no se llegó a poner en práctica) y después se redujeron de 53 a 33, y encima se les quitó el sueldo. Sin embargo, a principios de la presente legislatura, PSOE y PP llegaron a un acuerdo: los diputados recuperaban el salario y, a cambio, Page podría optar a un tercer mandato.