CCOO presenta el Observatorio Social de las Personas Mayores 2024: Castilla-La Mancha, a la cola en el importe de las pensiones

«La pensión media en la región asciende a 1.164 euros,es decir, 220 euros menos al mes que la media nacional, lo que supone una brecha del 18,7%», ha señalado la secretaria general de la Federación de Pensionistas de CCOO CLM, Juani Sierra. Una diferencia que se agrava en el caso de las mujeres, donde la brecha de género alcanza el 27%.

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Los elementos «más importantes» que la determinan son «vivienda, calidad del empleo y políticas de familia». El umbral se sitúa en los 915,83 euros al mes, y en Castilla-La Mancha un 34,2% de la población vive con menos ingresos

Sierra ha recordado que en Castilla-La Mancha viven más de 400.000 personas mayores de 65 años, casi el 20% de la población. De ellas, más de 90.000 superan los 80 años y cerca de un millar han cumplido ya los 100. «Nuestra región encabeza la esperanza de vida saludable en España: las mujeres vivimos, de media, el 86,4% de nuestros años con buena salud, y los hombres, el 83,3%», ha destacado.

Según Sierra, estos buenos datos no serían posibles sin una sanidad pública de calidad y un sistema sólido de servicios sociales y atención a la dependencia. En este sentido, ha subrayado que el gasto sanitario regional representa el 7,9% del PIB, casi dos puntos por encima de la media nacional.

No obstante, ha advertido de que persisten aspectos a mejorar, como los tiempos de espera: 49 días para una consulta externa y 121 para una intervención quirúrgica. «Desde la Federación consideramos crucial agilizar las listas de espera y reforzar la atención primaria, porque sin inversión suficiente y personal adecuado no se puede garantizar el funcionamiento eficaz del sistema sanitario», ha señalado.

En cuanto a la atención social, Sierra ha resaltado que Castilla-La Mancha cuenta con una de las tasas más altas de cobertura residencial, con un 7% de plazas, de las cuales el 80% tienen financiación pública, lo que garantiza unos mínimos de calidad tanto en la atención como en el empleo generado. Sin embargo, ha reconocido que el acceso sigue siendo lento. Actualmente hay 12.500 plazas disponibles, «pero se necesitan muchas más, ya que la escasez genera dificultades tanto a las personas solicitantes como a sus familias».

Respecto a los servicios de dependencia, la región cuenta con 76.774 personas con reconocimiento de dependencia, y el 18% de los cuidados son asumidos por familiares, principalmente mujeres. Por ello, Sierra ha insistido en la necesidad de profesionalizar estos cuidados para facilitar la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Javier Ortega, ha destacado «la decisiva aportación del sindicato en la última reforma de las pensiones», que permitió revalorizarlas conforme a la inflación media para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. «Gracias al diálogo social se ha logrado una revalorización media de 109 euros mensuales, un avance que no habría sido posible sin el trabajo de los sindicatos de clase», ha afirmado.

Ortega también ha hecho un llamamiento «contra quienes intentan enfrentar a jóvenes y mayores en la batalla por la sostenibilidad del sistema público de pensiones». Según ha denunciado, «no se puede culpar a una generación que ha dado todo por este país de las carencias que hoy sufren los más jóvenes». Ha advertido, además, que este tipo de discursos solo benefician a «los que buscan imponer políticas neoliberales y privatizadoras, caldo de cultivo para la extrema derecha».

En este contexto, el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda, ha subrayado la mejora que supuso la eliminación del factor de sostenibilidad y el reconocimiento de la inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo entre los pensionistas. A nivel nacional, ha alertado sobre «las larguísimas listas de espera en dependencia, que en algunas comunidades superan los dos años, lo que provoca que muchos solicitantes fallezcan antes de recibir la ayuda». Por ello, ha reclamado elevar la inversión pública en dependencia del 0,7% actual al 1,5% del PIB.

Entre las preocupaciones del colectivo destacan el edadismo, la brecha digital, el maltrato a las personas mayores y la pobreza energética.

Para Alicia Martínez, una de las autoras del informe, la prolongación de la vida saludable es «un éxito colectivo, fruto de décadas de inversión en salud pública, avances científicos y mejoras en las condiciones de vida». No obstante, ha advertido que este logro plantea nuevos retos que deben abordarse «desde la solidaridad entre generaciones».

La edición de 2024 incorpora, además, un análisis de los factores que influyen en la calidad de vida, como el nivel de renta. Por ejemplo, el porcentaje de hombres con ingresos altos que declara tener muy buena salud es el doble que el de quienes tienen rentas bajas. En el caso de las mujeres, la percepción de buena salud es cuatro veces mayor entre quienes cuentan con estudios superiores. «Cuando las políticas públicas no garantizan un acceso equitativo a los recursos, las desigualdades se trasladan a la salud», advierte el informe.

En definitiva, el estudio concluye que vivimos más años, pero el reto es hacerlo en condiciones dignas. «Por eso, subraya el informe, es necesario ampliar las coberturas y reducir los tiempos de gestión para que las ayudas y prestaciones lleguen a todas las personas cuando más lo necesitan.»