RIU carga contra el Ministerio por la decisión «arbitraria y sin argumentos» de demoler el Oliva Beach

Desde la cadena hotelera mallorquina se está convencida de que la decisión ministerial «carece de argumentos válidos«, al tiempo que asegura que »es parte de una estrategia premeditada«, porque subraya en un comunicado que el Ministerio de Transición Ecológica »ha buscado desde el principio producir la caducidad de una concesión en vigor para el uso de las instalaciones hoteleras que quedaron en dominio público«.

Y con ello, agregó, el «cierre» de una instalación que «siempre» ha desarrollado su actividad en «plena situación de legalidad y con pleno respeto« a la normativa en cuanto a la legislación que regula la gestión del litoral, así como en cualquier otra consideración urbanística y medioambiental.

Señala que parte de la estrategia de Transición Ecológica está centrada en «argumentar la comisión de infracciones por parte de RIU», a lo que desde la empresa se incide en «su historial de respeto a la normativa», desmarcándose de cualquier infracción que se le impute. De este modo, RIU considera que la resolución de dicho ministerio «se basa en argumentos falsos, desproporcionados e incompletos y tergiversan la realidad física» del inmueble, objeto de la concesión.

«En ningún caso es cierto que se haya ocupado mayor espacio de dominio público que el referido en el ámbito de la concesión, tal y como argumentaba el expediente abierto por el Ministerio de Transición Ecológica«. También califica de »falso« el que existan usos no autorizados dentro del ámbito de la concesión del hotel porque «todos los citados en el expediente, como es el caso del bazar, son usos complementarios consolidados y absolutamente habituales» en la instalación hotelera, al tiempo que niega que se hayan ejecutado obras sin autorización.

«La actitud del Ministerio de Transición Ecológica es escandalosa», y supone »el colofón de una estrategia premeditada, que arrancó en el año 2018 con un claro objetivo: forzar la caducidad de la concesión». Para RIU se trata de una decisión que estaba «prefijada de antemano» y para la que han buscado los argumentos «necesarios posteriormente, habiendo una clara manipulación» de los hechos.

En este sentido, asegura que desde el Ministerio de Transición Ecológica se ha «obstaculizado» cualquier actuación por parte de RIU para, «siempre con pleno respeto a la normativa, mejorar» las instalaciones del hotel, «dilatando durante años la resolución sobre la autorización de las obras solicitadas e impugnando» posteriormente la autorización otorgada por el Gobierno de Canarias, una vez transferidas las competencias de Costas.

También alega que la «rapidez» con la que desde el citado ministerio se ha llevado a cabo el proceso de caducidad por infracciones en la concesión, calificándolas RIU de «abultadas y manipuladas», y que entiende «sugiere un interés deliberado«, ya que busca »desafiar actos propios como la transferencia de las competencias de Costas al Gobierno de Canarias«.

Finalmente, desde la cadena hotelera se cree que el ministerio «no ha evaluado las graves consecuencias económicas y sociales» que su actitud, así como decisión tendrían para el interés general de la isla de Fuerteventura, ya que el hotel fue construido en 1972 en el municipio de La Oliva, en el norte de Fuerteventura y se convirtió en un hotel de la cadena RIU en el año 1995, teniendo actualmente 600 puestos de trabajo, directa o indirectamente, además de un daño en el tejido productivo del norte de Fuerteventura.