El Gobierno de Canarias deniega a los afectados del volcán las actas del Pevolca previas a la erupción

La resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias entiende que «los contenidos de las reuniones mantenidas por el Comité de Dirección, por las razones expuestas, no pueden considerarse como información pública» a los efectos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sino como «información auxiliar o de apoyo contenida en opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas». El presidente de la Plataforma, Juan Fernando Pérez, considera esta desestimación como otra «piedra en el camino» pero asegura que «no nos van a callar». Ha adelantado que recurrirán al Comisionado de Transparencia».

Como ha señalado «nos sigue invadiendo la incertidumbre, ante la falta de información sobre los planes de futuro a medio y largo plazo para la recuperación económica, social y de la salud de los habitantes de la isla»

Los afectados por el volcán solicitaron esta información tras conocer que fuentes científicas conocían de un «malestar volcánico» en la zona de la erupción hasta cuatro años antes de que comenzase la actividad volcánica, a lo que se suma unas declaraciones de la directora en las islas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), María José Blanco, en la Comisión del Parlamento de Canarias que estudia los efectos de la crisis volcánica en la que señaló que en reuniones previas, el IGN había informado de la posibilidad de «riesgo inminente» de erupción, aunque el Pevolca decidió no incluirlo en su informe y no recomendó el cambio de semáforo de amarillo a rojo antes del 19 de septiembre de 2021.

El consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, confirmó que existieron diferencias de posturas entre los científicos sobre esta inminencia de la erupción, motivo por el que se mantuvo el color del semáforo.

La Plataforma solicitó las actas de octubre de 2017, con motivo del enjambre sísmico y seísmos registrados en la zona de Cumbre Vieja, así como ls informes desde el 1 de enero de 2020 hasta el 16 de septiembre de 2021 sobre los enjambres sísmicos y el fenómeno pre-eruptivo en el dorsal de Cumbre Vieja en La Palma y las actas de las reuniones del Pevolca desde el día viernes 17 de septiembre hasta el domingo 19 de septiembre de 2021, fecha de la erupción.

El Gobierno de Canarias defiende que puesto que el Pevolca «carece de capacidad deliberante o de decisión», y ni siquiera tiene «funciones de informe o de propuesta» ya que «se limitan al apoyo y seguimiento, sin que las mismas tengan permanencia en el tiempo más allá de la finalización de la propia emergencia».

La resolución alega que este órgano no tiene «una voluntad superior colegial adoptada por mayoría de votos o por consenso, lo que se traduce en el hecho de que en su seno no se produzcan deliberaciones, ni se ejerza el derecho a voto o a la formulación de votos particulares« además de que no existe orden del día, ni deliberaciones y acuerdos en los que se plasmara una voluntad colegial» , ya que se basan en los «meros efectos del seguimiento constante de la erupción y la coordinación administrativa».

El Pevolca advirtió el enjambre sísmico el 11 de septiembre, y fue el 13 de septiembre cuando, ante el incremento de la actividad sísmica, la consejería de Seguridad el Gobierno de Canarias convocó al Pevolca para valorar la situación, acordando activar este Plan en situación de Alerta para Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso y Mazo y el cambio del semáforo de verde a amarillo para dichos municipios.

El 19 de septiembre, apenas unas horas antes del comienzo de la actividad eruptiva, el Pevolca informó que Cumbre Vieja seguía en una fase pre-eruptiva y acordó que el semáforo volcánico se mantenía en amarillo, aunque se intensificaron las acciones de protección civil y se inició la evacuación selectiva de personas con movilidad reducida en varios núcleos poblacionales.