Aprobada por unanimidad la primera ley de volcanes de España

La nueva ley pretende introducir más agilidad en la capacidad de respuesta a los afectados, que se pueda volver a construir la vivienda perdida en la misma zona de la erupción o la que esté más cerca e introduce el efecto retroactivo de tal manera que se blindan derechos económicos y sociales, se garantiza la compensación a precio de los bienes perdidos y viviendas dignas para los que las hayan perdido.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha destacado que la nueva ley «emana del pueblo» y dado que habrá erupciones «sí o sí» en las islas, la ley viene a adaptarse a la realidad y a la afección que pueda tener en bienes y actividades económicas.

Ha asumido que la norma «es muy compleja» porque La Palma ha demostrado que se ha hecho «camino al andar» y cree que los grupos han estado «a la altura» de lo que demandaban los promotores de la ley. «Vamos a tener una hoja de ruta», ha agregado.

Jesús Ramos (ASG) ha valorado el impulso de la ciudadanía de La Palma para tramitar la nueva ley que tiene «visión de futuro y seguridad jurídica» porque deja atrás la «maraña» de decretos leyes y permite a las personas «continuar con su vida». «Es una norma que nos va a hacer más resilientes», ha señalado.

Javier Nieto (Vox) ha reconocido la «valentía» de todos los afectados y que la nueva ley «sale al paso de los errores» de las administraciones públicas, con «viajecitos a La Palma» y los problemas de los ciudadanos aún sin resolverse.

«Las heridas siguen sin cicatrizar», ha destacado, subrayando no obstante que la ley «no es la panacea y no lo va a solucionar todo», poniendo como ejemplo la gestión de los seguros, ya que escapan a las competencias del Parlamento.

Luis Campos, portavoz de NC-bc, ha destacado también la «iniciativa» de los afectados en La Palma por liderar la ILP, lo mismo que la aprobación de diversos decretos leyes en la pasada legislatura. «No es verdad que no se hizo nada, se hizo mucho. Ahora es verdad, insuficiente, sí. Quizás más lento de lo adecuado, también, y por eso la necesidad de esta norma para aprender de todos los errores», ha señalado.

Ha apuntado que una nueva erupción es una «espada de Damocles» sobre el archipiélago e incidido en que la ley es una «mirada hacia adelante», no para resolver los problemas del 'Tajogaite', y ha lamentado, de forma irónica, que no se haya incluido un artículo sobre el «uso partidista» de una erupción.

Raquel Díaz (PP) ha valorado que la ley huye de ideologías y partidismos y es una norma «para todos los canarios» en un momento en el que se cumplen cuatro años del inicio de la erupción del 'Tajogaite'.

«Aquel día tuvimos que hacer frente a una situación sobrevenida, que llegó sin manual, que cambiaba por horas y que puso a prueba a todos los equipos, especialmente a los de emergencia, pero que se saldó sin víctimas y se convirtió en un claro ejemplo de gestión pública y de solidaridad humana e institucional», ha apuntado.

Díaz ha resaltado la gestión que se realizó durante la «pesadilla» de 85 días y ahora se toma el testigo con una ley pionera a nivel nacional. «Es una ley que no es de nadie y es de todos», ha agregado.

Jonathan de Felipe (CC) ha recordado la «solidaridad» en La Palma tras el inicio de la erupción en un momento sin normativa legal que les amparase y por eso ha valorado la «empatía» de los promotores de la ley para «regalar» una norma a todos los canarios.

Ha destacado la «responsabilidad» de todos los grupos frente a la «bulla» de la política nacional e internacional y ha pedido a «todos» asumir la responsabilidad conjunta de ayudar a la reconstrucción de La Palma.

Alicia Vanoostende (PSOE) ha comentado que la ley «genera quizás demasiadas expectativas» pero «protege» a Canarias de futuras erupciones y no ha querido obviar la situación actual de La Palma, con agricultores y ganaderos que han tenido un trato «indigno».

La diputada socialista no entiende las críticas al Gobierno central cuando tiene el «compromiso» de financiar la reconstrucción, ha afeado al Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma que no hayan adelantado fondos y se ha preguntado «como» se han repartido las ayudas. «¿Por qué no publican los listados?», ha indicado.

Ha dicho que a la isla la ha cubierto «el silencio» dos años después de las elecciones y la respuesta del Gobierno de Canarias y el Cabildo «no está a la altura» porque «se prometió mucho y no hay peor engaño que el que se hace a personas vulnerables». «No sigan usando el dolor de un pueblo para hacer política», ha explicado.