Los juzgados de Canarias vieron hasta 77 casos por homicidio o asesinato en 2014

El informe permite ahondar en las cifras y descubrir así las diferencias entre las dos provincias canarias. De esas 77 actuaciones por homicidio o asesinato, 43 se iniciaron en juzgados de instrucción de la provincia de Las Palmas , 39 por delitos de homicidio y cuatro por delitos de asesinato . En los juzgados de la otra demarcación, la de Santa Cruz de Tenerife, se iniciaron, por tanto, las restantes 34 actuaciones: 31 por homicidio y tres por asesinato. Hay que puntualizar, no obstante, que aunque esos 77 casos suponen un aumento, este no se ha producido en las dos provincias, sino únicamente en la de Las Palmas. En esta, las actuaciones incoadas por homicidio pasaron de sumar 25 en 2013 a sumar esas 39 el año pasado, lo que minimiza la repercusión estadística de la disminución de aquellas por asesinato, cinco en 2013 y cuatro en 2014 . En la provincia tinerfeña, esas 31 diligencias por homicidio de 2014 fueron 35 un año antes, mientras que las tres por asesinato sí conllevan un aumento, ya que se contabilizó solo una en 2013.

La fiscalía pone énfasis en ese cambio de la «tendencia a la baja» que, en general, se apreciaba en la memoria de 2013, pero igualmente hace hincapié en que «se mantienen estables» las muertes «que pudiéramos denominar "violentas"» , lo que «debe ser interpretado positivamente», agrega.

Entre los delitos contra la vida figuran también los homicidios imprudentes, una categoría delictiva en la que sí puede observarse una sensible reducción del número de procedimientos, una reducción que, además, tiene lugar en ambas provincias. En el último ejercicio judicial fueron 26 las actuaciones que se incoaron en las Islas por homicidio imprudente , cinco menos que en 2013. De esas 26, 18 se iniciaron en juzgados de la demarcación de Las Palmas (20 en 2013) y solamente ocho (11 en 2013), en órganos de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife. Si estas actuaciones se suman a aquellas por homicidios y asesinatos, el total de diligencias por delitos contra la vida e integridad de las personas, incluidos ahora los de homicidio imprudente, es también superior al de 2013. Las 97 de ese año fueron 103 en 2014 .

No obstante el incremento de casos por homicidio o asesinato en las Islas, el ministerio público aclara que «no todo lo que se incoa termina siendo objeto de juicio» . La fiscalía lo ejemplifica con los homicidios que inicialmente se registran en grado de tentativa y que en no pocas ocasiones acaban siendo calificados de delitos de lesiones. «Suele ser frecuente», se puntualiza en la memoria. El propio Vicente Garrido dijo este martes que los 30 asesinatos u homicidios de 2013 fueron 27 el año pasado , según declaraciones que recogió Efe, lo que de algún modo colisiona con el aumento de los procedimientos que se inician por estos delitos.

En el apartado dedicado a los delitos contra la libertad sexual, el ministerio fiscal expone que la cantidad de diligencias previas incoadas en 2014 es prácticamente la misma que en 2013 (1.040 y 1.022), aunque este «estancamiento» no es tal en todas las conductas reprobables que engloba esta categoría delictiva. En concreto, en el informe se hace una preocupante aclaración al respecto : las estadísticas evidencian cómo aumentan los delitos contra la libertad sexual que se cometen por medio de las nuevas tecnologías, «fundamentalmente en lo que se refiere a la comisión ( mediante Internet ) de delitos de pornografía infantil ».

La memoria de la fiscalía de la región profundiza en los datos que avanzó Vicente Garrido en el Parlamento. El fiscal superior habló de un sistema que ve casi 300.000 casos al año , casos de los que solo en un 4,6% se formula acusación . El informe del ministerio público contabiliza, exactamente, 293.178 asuntos, entre diligencias previas, diligencias urgentes, juicios de faltas... Las acusaciones por delito formuladas fueron solamente 13.682 , ese 4,6% (exactamente un 4,67%) que adelantó Garrido. Pero las paradojas no acaban aquí. El sistema celebra juicios y dicta sentencias cuyo número supone tan solo un 2,65% del volumen total de actuaciones. Estos y otros datos sirven de apoyo a la opinión sobre la cual insiste, una vez más, el ministerio fiscal: «El sistema debe ser objeto de una profunda revisión». Agilidad, pidió Garrido.