Imputados el portavoz y un director general del Gobierno canario por prevaricación y malversación

Así, este juzgado tinerfeño ha abierto diligencias y ha imputado al actual portavoz y consejero de Justicia del Gobierno canario, Julio Pérez, y al director regional de Infraestructura Viaria, José Luis Delgado, ambos del PSOE. Se les imputan dos delitos de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos junto a otras personas con las que coincidieron en el Cabildo de Tenerife y que ocupan o han ocupado distintas responsabilidades públicas, como Sergio Fernando Alonso, exdirector del Servicio Canario de Empleo y actual concejal en La Laguna por Coalición Canaria (CC).

También han sido denunciados por la Fiscalía e imputados por este mismo asunto anteriores responsables del Cabildo como los expresidentes Ricardo Melchior y Carlos Alonso , los exconsejeros Antonio García Marichal y María del Pino León y el exdirector insular de Innovación Juan Antonio Núnez, además del exdirector de la Fundación Starlight (dependiente del Astrofísico de Canarias) Luis Antonio Martínez y el letrado de la empresa pública Parque Científico y Tecnológico José Luis Luengo.

El juzgado de Santa Cruz de Tenerife aprecia que existen «indicios de que en el año 2012 los investigados, en su condición de miembros del Consejo de Administración de la entidad Parque Científico y Tecnológico S.A., podrían haber participado en dos delitos de prevaricación administrativa y un delito de malversación de caudales públicos » por la compra de los terrenos de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife en el barrio lagunero de Geneto.

El caso parte de la compra en 2012 por parte del Cabildo de Tenerife de dos terrenos de la Ciudad Deportiva del mencionado club de fútbol por un valor de 18,9 millones de euros . La autoridad judicial ha llamado a declarar a quienes, presuntamente, aprobaron resoluciones a sabiendas de que eran injustas por administración desleal o impropia de recursos públicos.

El caso lleva un año siendo investigado, ya que la Fiscalía observa que la adquisición de dos fincas al CD Tenerife y la empresa público-privada NAP por parte de la organismo público Parque Científico y Tecnológico se realizó con conocimiento de que los terrenos no tenían utilidad ni interés público.

Se trata de un suelo de 30.700 metros cuadrados con la justificación de crear en Geneto un centro de investigación y tecnología, a sabiendas por parte de los ahora imputados de que el suelo no era adecuado para este fin, además de que dicho centro se iba a instalar en Cuevas Blancas, en Santa Cruz de Tenerife.

El objetivo, de acuerdo a lo denunciado hace ya más de 10 años, era ayudar económicamente al CD Tenerife, en una grave crisis económica en esos momentos, comprando terrenos sin interés público y tasados hasta cinco veces por encima de su valor , según denunció el informe que elaboró al respecto el interventor general del propio Cabildo, Antonio Messía.