La regasificadora de Granadilla, atascada en Madrid

El Supremo anula esa primera autorización al considerar que el proceso de evaluación de impacto ambiental no estaba suficientemente completo y confirma una sentencia dictada en igual sentido hace dos años por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que estimó un recurso de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla.

En una argumentación que ahora avala el Alto Tribunal, el TSJM decidió que no bastaba con examinar de manera independiente el posible impacto de esa instalación de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, sino que debió haberse estudiado si tenía algún efecto "acumulativo" con otras industrias potencialmente peligrosas existentes en esa misma zona, como la central térmica de generación eléctrica, situada a 400 metros.

La sentencia que ahora se declara firme considera que el no haber realizado ese estudio de impacto con un enfoque más amplio, que tenga en cuenta el contexto que rodea al lugar donde se levantaría la planta, "desnaturaliza el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que debe ser adecuado para preservar de forma integral los intereses ecológicos concurrentes en ese lugar".

Gascan presentó el primer escrito de petición de autorización administrativa del proyecto en julio de 2000, pero el proyecto sufrió retrasos por su posible impacto ambiental , y en febrero de 2015 el gestor del sistema gasista, Enagás, compró la totalidad del capital social de Gascan, propietaria de dos proyectos de regasificadoras en el archipiélago : el de Arinaga (Gran Canaria) y el de Granadilla de Abona (Tenerife).

Enagás inició a finales de junio de 2015 una nueva tramitación para obtener autorización para construir la planta y en julio de 2016 consiguió la declaración de impacto ambiental favorable (DIA).

Ahora el proyecto está a la espera de que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital le otorgue autorización administrativa, según han indicado a Efe fuentes conocedoras del proyecto.

En octubre de 2017 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe en el que no consideraba conveniente autorizar la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) del puerto de Granadilla, en Tenerife, hasta que no haya garantías de su uso y estudios que comprueben su sostenibilidad económica.

A juicio de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, la autorización debería venir precedida de una actualización del documento de planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, recogiendo un análisis de la demanda de gas prevista, las características del mercado y la viabilidad de las inversiones a realizar.

En este sentido, señaló que, dado el tiempo que ha pasado desde que se planteó el proyecto, los análisis que se hicieron sobre demanda de gas prevista, características del mercado y viabilidad económica de las inversiones se han podido quedar desfasados en relación con las necesidades y planteamientos actuales sobre la energía en las Islas Canarias.