Bruselas paraliza su plan de sacar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales

Tras la formación del nuevo Colegio de comisarios, la nueva responsable de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, la portuguesa María Luís Alburquerque, compareció el 28 de enero ante las comisiones de Economía y de Justicia e Interior del Parlamento Europeo en una sesión conjunta para testar el apoyo de la Eurocámara a esta triple iniciativa que afecta a Gibraltar, Emiratos Árabes Unidos y Panamá. Según ha podido saber ABC, Alburquerque se encontró con una oposición contundente al plan, y según fuentes presentes en la reunión, «entendió que en la piscina no hay agua». En el caso de Gibraltar, los grupos que se niegan a sacarlo de la lista gris son el PPE, Patriots y una parte de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), la familia continental de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

La elaboración de esta lista es consecuencia de las revisiones periódicas sobre la situación de los Estados en relación con la lucha antiblanqueo, una de las cuestiones que más preocupa en Bruselas. Desde el punto de vista técnico, la Comisión sostiene que Gibraltar está cumpliendo con la legislación exigida. Sin embargo, una cuestión es la normativa vigente y otra la implementación de la misma para que las medidas sean eficaces.

La Comisión hace este estudio una vez al año y para ello se basa en dos índices que analizan la regulación jurídica, pero no su implementación. El primero es un informe externo (GAFI) y el segundo es propio, aunque muy influido por el anterior. Los grupos que se oponen a sacar a Gibraltar de la lista gris entienden que a pesar de exista la legislación, ésta no se cumple, o no de un modo satisfactorio o compatible con los estándares de exigencia de la UE.

Oficialmente, la Comisión admite que tras el rechazo en 2024 del Parlamento de una iniciativa similar, la Comisión «no publicó el reglamento delegado que actualizaba la lista con países terceros de alto riesgo». Sobre la cuestión concreta de Gibraltar, asegura que «ha escuchado las preocupaciones de la Cámara sobre países específicos y está trabajando con ellos en las deficiencias identificadas» y «tiene la intención de actualizar la lista lo antes posible».

No obstante, fuentes comunitarias aseguran a ABC que la comisaria ha decidido frenar el asunto ante la constatación de que no cuenta con los apoyos necesarios. «El asunto no está en absoluto maduro y, a la vista de la oposición de los grupos, la Comisión va a dejarlo dormir», explican. Hay otro elemento que complica la iniciativa: el hecho de que los tres territorios vayan juntos y no se voten individualmente complica que la Comisión pueda concitar los apoyos en el Parlamento. Desde el Grupo Popular Europeo se asegura que «si vuelven a sacar esa lista, nos vamos a oponer». Por su parte, desde el grupo de los socialdemócratas europeos se explica a este periódico que «es un sinsentido» que Panamá esté en la lista de paraísos fiscales, de manera que están «a favor de sacarla» de la lista gris contra el blanqueo.

En 2024, la anterior Comisión Europea ya se encontró con la oposición del Parlamento. En aquel momento, fue el entonces eurodiputado y exministro de Asuntos Exteriores español José Manuel García Margallo quien lideró la posición contraria de España. Para ello presentó una enmienda agarrándose a las prácticas financieras de Gibraltar y al hecho de que pudiera utilizarse para eludir las sanciones contra el régimen ruso de Vladímir Putin. Tras las elecciones del 9 de junio y una vez compuesto el nuevo Colegio de comisarios, es cuando Alburquerque ha retomado la intención inicial. La respuesta ha sido la misma.

Cuando este año la Comisión publique el informe anual sobre los llamados paraísos fiscales será el momento de ver cómo reacciona no sólo el Parlamento Europeo, sino también el Consejo. Ahí la atención mediática estará en la posición que adopte el Gobierno de España en plenas conversaciones sobre el Brexit, el último fleco pendiente en las negociaciones entre Bruselas y Londres. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene capacidad de veto.

Hace un año fue significativo que la decisión del Parlamento Europeo se adoptó en contra del criterio de los socialistas españoles, lo que indujo a creer que este asunto podría formar parte de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, en las que España tiene el papel más relevante.

La lucha contra el blanqueo de capitales es una prioridad en la Unión Europea porque se entiende que es la principal vía de financiación del crimen organizado y del terrorismo. En este sentido, según explican desde Bruselas, España es un país de referencia como consecuencia de la experiencia adquirida después de tantas décadas de lucha contra la banda terrorista ETA.

A la espera de que la Comisión Europea y los gobiernos de Reino Unido y de España alcancen un acuerdo sobre el futuro de Gibraltar, en el Parlamento Europeo se observa con atención cualquier movimiento que pudiera afectar a la legislación antiblanqueo y si esto pudiera estar relacionado con las citadas negociaciones. Los vetos cruzados entre los países afectados y los grupos parlamentarios dibuja un horizonte difícil al plan inicial de sacar los tres territorios de la lista gris en una única votación.