Bolaños vuelve a la carga: «La renovación del CGPJ sí es un tema que preocupa a la Comisión Europea»

Antes de la reunión del Consejo de Ministros de Justicia, Bolaños ha calificado el día de hoy, en el que se cumplen cinco años con el mandato del CGPJ vencido, como «un día triste para la democracia» porque el Partido Popular lleva «cinco años incumpliendo la ley y la Constitución». A su juicio, con la negativa del PP a renovar el órgano de gobierno de los jueces «se está desprestigiando al CGPJ» y «dañando» a la propia justicia y a los ciudadanos que quieren una tutela judicial efectiva«.

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Bolaños ha vuelto a hacer un llamamiento al PP para que cumpla la ley con el actual modelo (parlamentario), porque «ha funcionado bien durante décadas y ha dado utilidad a la justicia». «Que lo haga por el bien de España, porque esto sí que es una preocupación de la Comisión Europea«.

El PP se resiste a facilitar la renovación de los vocales del Consejo mientras no se modifique el modelo de elección de jueces en el sentido que indica Bruselas: que los doce jueces de procedencia judicial sean elegidos por la propia carrera judicial y no por los políticos.

Las asociaciones de jueces y fiscales afines al Gobierno, Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han emitido un comunicado conjuntos en el que califican de «anormalidad institucional» la situación en la que se encuentra el Consejo. Sin aludir a la ley que puso en marcha el Gobierno para impedir al CGPJ en funciones hacer nombramientos, las dos asociaciones señalaron que «el Tribunal Supremo cada vez padece más vacantes, la mayoría de las presidencias de Audiencia y Tribunales Superiores de Justicia están en funciones y la falta de liderazgo del CGPJ entorpece el trabajo de juzgados y tribunales. Quienes acuden al Poder Judicial a litigar, profesionales del derecho, y la sociedad en general, sufren los perjuicios de esta situación».

Pese a las reticencias que muestran para opinar sobre asuntos que tildan de políticos para «mantener su imparcialidad», ambas asociaciones entran de lleno en el debate político al calificar como «excusa» la negativa del PP a renovar y cargan también las tintas sobre quienes permanecen como vocales del CGPJ, pues «contribuyen decisivamente a mantener esta situación que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial». «Por su profesión y responsabilidad están obligadas a garantizar el cumplimiento de ambas, y del ordenamiento jurídico, prolongan su mandato sin credibilidad, sin legitimidad y sin rubor alguno«.

En su diana tienen a los vocales del sector conservador, mayoría en el órgano de gobierno de los jueces, a los que critica por «intervenir en el debate partidista sobre una proposición de ley que ni siquiera se había presentado en las Cortes (en referencia a la ley de amnistía), retrasar el preceptivo informe sobre proyectos de Ley, como el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aún no han emitido, opinar con su cargo caducado y en funciones sobre la idoneidad del Fiscal General del Estado, y demorar deliberadamente durante semanas la renovación del Tribunal Constitucional«.

«Con su proceder, han contribuido al desprestigio de una institución que constatamos se encuentra en franca descomposición. Hay un vergonzante abandono de funciones propias e imprescindibles, que no producen réditos políticos a quienes sin motivo legítimo les mantienen en el cargo». En su opinión, estos vocales abusan de su función, hace cinco años caducada, incumplen la Constitución que juraron acatar y manchan la imagen de imparcialidad de la judicatura con su servilismo a opciones partidistas«.

Por ello, en este «triste» quinto aniversario piden la dimisión del presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial, «siguiendo el ejemplo de quienes, anteriormente, constataron que no cabía prolongar irregularmente la duración de su mandato», señalan en referencia al expresidente Carlos Lesmes o a la vocal Concepción Sáez.

No comparte que la dimisión sea la mejor opción la asociación Francisco de Vitoria. Su portavoz, Sergio Oliva, sostiene que «nadie puede asegurar que eso provocaría la renovación del CGPJ, y lo que seguro que ocasionaría son aun más perjuicios a los intereses profesionales de los más de 5.000 jueces y juezas de este país porque el CGPJ regula toda la actividad profesional y laboral de la carrera judicial, concursos de traslado, bajas profesionales o permisos de lactancia, la inspección de los juzgados, las sanciones y medidas disciplinarias, las jubilaciones, concesión de servicios especiales...«. A su juicio, hay que poner el foco en los presidentes del Congreso y del Senado, »únicos con legitimidad para iniciar el proceso de renovación del CGPJ».

Repartiendo culpas a partes iguales, Oliva ha recordado que «el CGPJ lleva cinco años secuestrado por los partidos políticos: un partido no quiere cumplir con la ley vigente y otro partido quiere mantener un sistema perverso de nombramientos de vocales del CGPJ que contraviene el mandato de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986». «Pero todos ellos -añade- cuentan con la colaboración de los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado que llevan cinco años omitiendo de manera flagrante sus funciones sin convocar los Plenos para renovar el órgano de gobierno de los jueces«.

Francisco de Vitoria entiende que este sistema de nombramientos es un «absoluto fracaso» y no sirve para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces. «Para ello, hay que cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea y proceder a depositar la confianza en la carrera judicial para que sean éstos los que elijan a los 12 vocales de origen judicial. Cabe plantearse por qué no se ha hecho hasta ahora. Y yo me pregunto, ¿acaso Francia, Italia, Portugal, en donde los consejos generales del poder judicial de dichos países la mitad de sus miembros son elegidos por la carrera judicial son peores democracias que la española?»., concluye Sergio Oliva.