El caso Begoña Gómez: cartas de apoyo, una denuncia con recortes y un juez poco amigo de la prensa

Estas son algunas claves de este asunto que ha causado severo molestar en Moncloa y en Ferraz:

- Los hechos

Según publicaron El Confidencial y otros digitales, Begoña Gómez firmó dos cartas de recomendación en favor de la unión temporal de empresas con la que concurría el empresario Carlos Barrabés a dos concursos públicos. Recibió las adjudicaciones, que dependían de la Administración Central que preside Pedro Sánchez.

Las cartas de recomendación iban firmadas por Gómez en su calidad de codirectora de un máster en captación de fondos de la Universidad Complutense de Madrid, el mismo con el que de acuerdo a las mismas informaciones, colaboraría Barrabés, llenándolo de contenido.

En paralelo, este empresario habría presentado a Gómez al CEO de Globalia, Javier Hidalgo. La compañía Air Europa tuvo un convenio por el que aportaba unas cuantías anuales al África Center que dirigía la mujer del presidente. Esta compañía fue rescatada por el Estado.

- La denuncia

A partir de la recopilación de esas informaciones y la vertida «en tertulias» televisivas, el sindicato Manos Limpias presentó una denuncia en los juzgados de Madrid el pasado 8 de abril que apunta a delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Solicita que se tome declaración a la propia Gómez y a los responsables de los medios de comunicación que han publicado esas informaciones, así como insta al juez a recabar toda la documentación relacionada con estos hechos y en concreto, las cartas de recomendación y los expedientes de los concursos públicos señalados.

Una denuncia consiste básicamente en poner unos hechos que podrían ser delictivos en conocimiento de una autoridad y no requiere el nivel de detalle, como tampoco las exigencias de fondo y de forma, que sí debe reunir una querella.

De hecho, una vez presentada el afectado ya no tiene por qué enterarse de lo que ocurra a continuación: con la denuncia no se ejerce acusación en el procedimiento penal que se abra, ya que para eso es necesaria la presentación de una querella. Será el siguiente paso de Manos Limpias, ahora que un juzgado ha abierto causa, según las fuentes consultadas por ABC.

- El denunciante

Manos Limpias no es un sindicato al uso y a lo largo de los años ha presentado denuncias y querellas contra todo tipo de personalidades -fundamentalmente políticos, pero también en ámbitos como el fútbol- por asuntos de presunta corrupción. La más sonada, la acusación popular que ejercieron en el caso Noos y por la que sentaron en el banquillo a la infanta Cristina de Borbón en relación a las actividades de su marido, Iñaki Urdangarín.

Su presidente, Miguel Bernad, fue detenido en 2016, investigado y luego condenado en la Audiencia Nacional por extorsionar a empresas a cambio de levantar el pie, precisamente, en causas penales. Sin embargo, hace unas semanas el Tribunal Supremo revisó su recurso de casación y le declaró absuelto al no considerar suficientemente acreditado que perpetrase el delito.

Durante todos estos años en que Bernad ha estado investigado y condenado en primera instancia, Manos Limpias ha seguido actuando en los juzgados como acusación popular en todo tipo de procedimientos, incluso en los que gobierna el mismo juez que le envió a juicio.

Acusan, por ejemplo, en la investigación por corrupción al ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo y en el caso Supercopa que afecta a Luis Rubiales, como lo hicieron en el caso Plus Ultra, entre otros. También son numerosas las denuncias que ha interpuesto y no han prosperado, como la querella recientemente desestimada por el Supremo que interpuso Manos Limpias contra el presidente del Gobierno por sus pactos con Junts para la amnistía.

- El juez de instrucción

Quien ha cogido las riendas de la denuncia ahora sobre la mujer de Pedro Sánchez es el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, al que cayó la iniciativa por turno de reparto y que decidió abrir diligencias previas el pasado 16 de abril, apenas ocho días después de que se presentase el escrito.

Es el mismo juez que imputó a 12 periodistas de otros tantos medios de comunicación -incluidos dos de este diario- por informar sobre la causa que afectaba a los miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) que ahora la Audiencia Nacional ha sentado en el banquillo por terrorismo, cuando el asunto estaba bajo secreto. No llegaron ni a prestar declaración: acabó dando marcha atrás y archivando el caso.

No tiene precisamente fama de ser amigo de la prensa y se cuida mucho de las filtraciones, aunque de vez en cuando, acaba en el foco por decisiones como aquella de imputar a los periodistas. En su día también quiso llamar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en unas diligencias que había abierto a instancias de un particular, por la decisión del regidor de mantener los parques de la ciudad cerrados como parte de la política de prevención del contagio de Covid.

Distintos consultados en el ámbito judicial por este diario le definen como «particular» e «imprevisible» y subrayan que tiene «mucho carácter». En la Audiencia Nacional todavía se recuerda que habiendo asumido el Juzgado Central de Instrucción número 3 la macrocausa que llevaba Peinado sobre blanqueo de capitales fruto de un expolio de la petrolera venezolana PDVSA, tardó meses en remitir la causa. Llegó en cajas de papel que llevó semanas organizar allí a los funcionarios.

- Las diligencias

Una vez ha abierto la investigación, el juez ha acordado citar una batería de testigos. Los primeros han sido los dos periodistas que firmaban las informaciones que recoge la denuncia, de acuerdo a las fuentes consultadas por ABC. El juez ha decretado secreto de sumario.

Tras las declaraciones, el juez podría decidir seguir profundizando, recabar la documental que pedía Manos Limpias en su denuncia o incluso llamar directamente a Begoña Gómez, si bien habría de hacerlo en calidad de investigada.

Desde el Ejecutivo se aseguraba este miércoles que la afectada recurrirá para reclamar el archivo de las actuaciones, pero para eso ha de entrar en el procedimiento.