Anticorrupción se opone a que Begoña Gómez declare como testigo en el caso Koldo

Se opone así a la solicitud planteada por la asociación Liberum, que ejerce la acusación popular en la causa seguida en la Audiencia Nacional, que había solicitado la testifical de Gómez «en base a la publicación de determinados artículos periodísticos» en los que se la relaciona con Víctor de Aldama, considerado el comisionista de la trama supuestamente surgida en el Ministerio de Transportes y de la mano de quien fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García.

Según el informe al que tuvo acceso ABC, para el fiscal del caso, Luis Pastor, «la supuesta existencia de tales contactos o reuniones no es, en principio, indicativa o reveladora» de que la mujer de Pedro Sánchez «pudiera haber tenido conocimiento o alguna relación con los hechos objeto de las presentes diligencias». Por ello, prosigue Pastor, «no es procedente, en el momento actual, acceder a tal solicitud» de recibir sudeclaración en calidad de testigo.

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Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, se reunió con Víctor de Aldama, el cerebro y comisionista de los contratos públicos del caso Koldo, y con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, amigo de ambos, en San Petersburgo, según desveló 'El Confidencial', meses antes de la adjudicación de los contratos de los ministerios de Transportes e Interior por 53 millones que investiga el juez Ismael Moreno.

Al margen de la investigación judicial que se sigue en la Audiencia Nacional, el Partido Popular se dirigió a la Oficina de Conflictos de Intereses contra Pedro Sánchez por no ausentarse del Consejo de Ministros en la reunión de 2020 que autorizó el rescate económico a Air Europa, teniendo en cuanta los «vínculos de naturaleza económica y profesional» de su esposa con el dueño de la compañía balear, aunque la denuncia fue archivada. El órgano descartó que el presidente vulnerara la ley que regula el ejercicio de los altos cargos de la Administración.

En una de las últimas resoluciones del juez instructor, éste acuerda que la marca Rolex valore un reloj incautado en los registros al guardia civil investigado en la trama, José Luis Rodríguez García, quien se encargó de desarrollar el negocio de las pizarras en la comarca de Valdeorras con los fondos de los contratos Covid obtenidos y que también se investiga en la causa.

El magistrado Ismael Moreno desestima así el recurso presentado por la defensa del agente, que solicitaba que el examen del mismo lo hiciera un perito independiente designado por su parte. El juez mantiene su decisión inicial "en aras de mayor imparcialidad" pues, asegura, es "preferible" que se encargue el distribuidor de la marca , "ajeno al procedimiento y sin ningún interés en el asunto", según el auto al que también tuvo acceso este diario.

Es el mismo criterio fijado por la Fiscalía Anticorrupción en sus alegaciones, que explicó tras el recurso del guardia civil que la razón de que la verificación de la autenticidad del reloj se encomendara a la unidad policial para que a su vez realizara las gestiones pertinentes con el distribuidor oficial de la marca Rolex en España "obedece precisamente a obtener una mayor imparcialidad, ya que será el propio servicio oficial de la marca el que determine si es auténtico frente a un perito de parte".