Sánchez niega a Baleares la «contingencia migratoria» mientras Prohens denuncia «racismo institucional»

El Ministerio de Infancia, dirigido por Sira Rego (Sumar), notificó este martes a Prohens la negativa a su solicitud, registrada la semana pasada tras más de veinte meses de presión migratoria sostenida. El departamento sostiene que Baleares no reúne los requisitos legales para acogerse a la figura de contingencia, ya que la normativa establece que la comunidad debe triplicar el límite máximo de su capacidad de tutela, algo que, según los cálculos oficiales, no se cumple pese a que los servicios están desbordados. Actualmente, las islas disponen de 406 plazas y acogen a 694 menores.

La presidenta balear recordó que «dos de cada tres menores tutelados» en las islas son inmigrantes no acompañados, con centros que superan el 1.000% de ocupación y una falta creciente de profesionales. «Necesitamos más medios para atenderles con dignidad», reclamó este martes en el Parlament, donde acusó al Ejecutivo de Sánchez de practicar «racismo institucional» y de utilizar a los menores como mercancía en sus pactos con Cataluña y País Vasco.

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El Gobierno balear anunció que llevará el caso al Tribunal Supremo. La Abogacía autonómica ya ha registrado un recurso en el que solicita la suspensión cautelar del reparto, abriendo un nuevo frente judicial contra el Ejecutivo central.

Prohens advirtió que explorará todas las vías posibles, de forma seria, legal y respetuosa con la dignidad de las personas, para frenar la inmigración irregular en Baleares. Defendió la necesidad de un plan de contingencia migratoria en el archipiélago «por dignidad y para garantizar unas condiciones dignas a cualquier persona», y afirmó que cualquier otra actitud sería «indigna, inhumana y racista».

La nueva consejera de Familias, Sandra Fernández, debutó en el pleno de este martes señalando directamente al llamado «efecto llamada». Fernández, nombrada este verano en la remodelación del Ejecutivo de Prohens, alertó de que algunas ayudas generan «una falsa percepción de cobertura social» entre quienes llegan a las Islas. En este contexto, recordó el acuerdo alcanzado con Vox para exigir un mínimo de residencia legal de tres años como requisito para acceder a la renta social garantizada o a las prestaciones de emancipación. «Tenemos la obligación de no contribuir a este escenario», subrayó.

«Mientras este Gobierno hace todo lo que está en su mano, el Estado incurre en una absoluta dejadez de funciones», añadió Fernández, y devolvió el golpe a quienes acusan de racismo al Ejecutivo autonómico: «Racismo es desmantelar las oficinas de extranjería, negar la contingencia migratoria, no combatir a las mafias y mirar hacia otro lado».

Vox aprovechó para tensar el debate. Su diputada Patricia de las Heras acusó al Gobierno de Prohens de «escudarse» en los consells insulares, que tienen la tutela de los menores no acompañados, para eludir su responsabilidad. Fernández respondió con contundencia: «Se equivocan de objetivo. Baleares no puede acoger a más menores y vamos a utilizar todas las vías legales para impedir que el reparto de Moncloa se aplique en las islas».

Mientras tanto, la presión en el mar no cede. Solo en las últimas 24 horas han llegado 200 inmigrantes en patera desde Argelia, elevando la cifra de este 2025 por encima de los 5.000. El pasado año se alcanzó el récord con 5.800 entradas, consolidando a Baleares como la ruta de inmigración irregular que más crece en España.