Los altos cargos de Baleares verán reducido el plus por residencia y transporte a partir de 2021

Cabe recordar que los altos cargos del Ejecutivo regional que no están empadronados en Mallorca cobraban desde hacía años un plus específico de 22.000 euros anuales , destinado esencialmente a cubrir los gastos de alquiler de una vivienda en la isla mayor del Archipiélago. En el inicio de la actual legislatura y también durante este año habían estado cobrando ese plus 15 altos cargos que dependían directamente del Govern y cuatro más que trabajaban en empresas públicas autonómicas, en concreto en el canal IB3, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares, Puertos de las Islas Baleares y la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental. En total, eran 19 altos cargos.

La citada compensación por residencia y transporte fue puesta en marcha en el año 2000. Inicialmente, sólo tenían derecho a ella los políticos o asesores residentes en Menorca, Ibiza o Formentera que debieran realizar su labor en Mallorca. Una década después, en 2011, se aprobó que esa compensación la pudieran recibir también políticos o asesores procedentes de la Península o de Canarias que hubieran sido igualmente designados para trabajar en Mallorca como altos cargos. Cabe recordar que desde la restauración democrática, las sedes de la Cámara balear, del Ejecutivo regional y de las distintas consejerías autonómicas se encuentran ubicadas en Palma.

El plus ahora modificado era percibido hoy tanto por altos cargos del PSOE como de MÉS per Mallorca y de Unidas Podemos , si bien era esta última formación la que contaba con más asesores procedentes de fuera de Mallorca, en concreto, seis sobre el total de 19 altos cargos citados. En ese contexto, a finales del pasado año trascendieron discrepancias públicas entre Unidas Podemos y MÉS per Mallorca acerca de si sería necesario revisar en mayor o menor medida el sentido de ese plus y también sobre quién debería cobrarlo. Hace doce meses, la formación morada era inicialmente partidaria de mantener el montante total del plus sin cambios. Sin embargo, el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos decidió posteriormente que propondría reducir de 22.000 a 12.000 euros anuales la citada compensación por residencia y transporte.

El primer intento de llegar a un acuerdo global sobre el plus se produjo en el pleno celebrado en diciembre de 2019 para debatir y votar las diferentes enmiendas a los Presupuestos de 2020. En aquella fecha, MÉS per Menorca presentó una enmienda en la que defendía que el citado plus sólo fuera cobrado a partir de 2020 por los altos cargos residentes en Menorca, Ibiza o Formentera, excluyendo a los que procedieran del resto de España. La citada enmienda fue rechazada , con los votos en contra de los 19 diputados del PSOE, cinco de Unidas Podemos y los tres de Vox. En cambio, votaron a favor los diputados de MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Gent per Formentera, el PI y Cs, sumando 14 votos en total. Por su parte, los 16 diputados del PP y uno de Izquierda Unida que forma parte de Unidas Podemos se abstuvieron.

Tanto Cs como Unidas Podemos presentaron en aquel momento sendas enmiendas transaccionales a la enmienda originaria de MÉS per Menorca, que no fueron aceptadas por los ecosoberanistas menorquines. La formación naranja y la formación morada querían que la compensación por residencia y transporte pasase de los 22.000 euros anuales entonces vigentes a 12.000 euros en total , si bien Cs defendía que el plus volviera a ser sólo cobrado por parte de los altos cargos de Menorca, Ibiza y Formentera, mientras que Unidas Podemos deseaba que lo siguieran percibiendo los altos cargos que no procedieran necesariamente de esas tres islas. En cualquier caso, al ser rechazadas hace un año todas las enmiendas sobre esta cuestión, los Presupuestos de 2020 se aprobaron manteniendo sin cambios el plus de 22.000 euros anuales.

Precisamente, fue también en diciembre de 2019 cuando la Oficina Anticorrupción de Baleares inició una investigación para conocer si los citados 19 altos cargos que en esos momentos cobraban el plus por residencia y transporte cumplían o no los requisitos necesarios para poder percibir la mencionada cantidad compensatoria. Las diligencias se iniciaron después de que a finales del pasado año se hubieran denunciado posibles irregularidades en el cobro de dicho plus por parte de algún asesor de Unidas Podemos.

Con posterioridad, ya en febrero de este año, el director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares, Jaume Far, emitió un informe con sus conclusiones sobre el controvertido plus anual de 22.000 euros. En el informe, Far consideraba que dicho plus es legal, si bien recomendaba que el montante total a percibir por cada alto cargo no fuera genérico e invariable, como había venido ocurriendo hasta entonces. Así, el director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción entendía que ese montante debía fijarse « en función de la realidad del gasto », que además debería ser justificado. Far también recomendaba en su informe clarificar los conceptos de residencia «temporal» y residencia «definitiva». El documento fue entregado posteriormente a la Comisión de Hacienda del Parlamento balear para su análisis.

El acuerdo conseguido finalmente este miércoles en la Comisión de Hacienda sobre el plus por residencia y transporte zanja un asunto sobre el que hasta hace poco aún existían algunas discrepancias incluso en el seno del propio tripartito. Así, el PSOE y MÉS per Mallorca abogaban hace unas semanas por mantener el montante anual de 22.000 euros en los Presupuestos de la Comunidad de 2021, mientras que Unidas Podemos proponía reducirlo hasta los 14.000 euros y que cada alto cargo justificase documentalmente el gasto hecho. Las tres formaciones citadas sí se habían puesto de acuerdo, en cambio, en que el plus sólo lo seguirían cobrando a partir del próximo año los altos cargos empadronados en Menorca, Ibiza y Formentera, quedando por tanto fuera de ese plus los altos cargos empadronados en la Península.

Desde la oposición, Cs proponía que la compensación por residencia y transporte fuera de un máximo de 12.000 euros y que el gasto realizado se justificase a través de facturas. En ese contexto, Cs y Unidas Podemos tenían previsto defender este miércoles sus respectivas posiciones a través de sendas enmiendas, pero finalmente ambas formaciones han conseguido llegar a un acuerdo sobre la cuantía final. Así, como se ha indicado ya al inicio, cada alto cargo recibirá a partir del próximo año un máximo de hasta 18.000 euros por residencia y transporte. De ese total, 6.000 euros serán fijos, mientras que los posibles 12.000 euros restantes que se puedan llegar a gastar deberán justificarse. El acuerdo ha sido apoyado también por el PSOE, MÉS per Mallorca y el PP.

La portavoz de Cs en el Parlamento regional, Patricia Guasp , ha mostrado su satisfacción por el consenso mayoritario finalmente alcanzado. «Es una buena noticia para la ciudadanía de Baleares que el Govern se ajuste el cinturón», ha dicho, para añadir: «Hemos forzado a que los altos cargos y asesores que perciben este plus tengan que presentar, anualmente, una declaración responsable en la que se plasme el lugar de residencia en otra isla que no sea Mallorca». Guasp ha recordado que «hasta el momento, sólo se hacía una al tomar posesión del cargo y ninguna vez más a lo largo de la legislatura».