La Audiencia Nacional revisará el uso de programas espía en el caso Koldo

Es el resultado del portazo que el juez instructor de la causa, Ismael Moreno, ha dado al recurso que planteó el presunto comisionista de la trama, Víctor De Aldama, contra el auto de octubre de 2023 que dio luz verde a la UCO para infiltrar un troyano en su móvil, como también en los de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, y del empresario Juan Carlos Cueto, el titular real de la empresa que se llevó 53 millones de euros en contratos públicos de mascarillas, se presume, a golpe de tráfico de influencias.

En una resolución fechada ayer y adelantada por este diario, Moreno descarta anular aquel auto y defiende que está bien fundamentado. Expone que la resolución «se ajusta a las previsiones contenidas» en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque precisa «debidamente el objeto del registro, su alcance, la forma de acceso al sistema mediante la instalación de un software, los agentes autorizados para la ejecución de la medida, la autorización en su caso para realizar copias y conservarlas, así como las medidas de aseguramiento de los datos registrados».

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Pero el letrado del supuesto comisionista no está de acuerdo. Sostiene que no se justificó lo suficiente una injerencia de tal magnitud y critica que ni siquiera se concretaba en el auto «el software utilizado» para practicar la infiltración.

Sin embargo, como rebatía la Fiscalía en su informe sobre el recurso, «si no se específica el software utilizado es porque no es un programa de acceso público, se trataba de un troyano: un software que permitiera, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario de la extracción de la información contenida o almacenada en el dispositivo».

«En este punto, se ha de volver a recordar que este acceso por problemas de tipo técnico no fue posible, por lo que a estos efectos no ha de tener especial relevancia que se proceda ahora a especificar cual fue el programa concreto empleado», dice el escrito de Anticorrupción.

El juez trae a colación que el Consejo de Ministros calificó ya en 2014 como secretos oficiales las herramientas que utilizasen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para perseguir la criminalidad organizada. Y la autorización de instalar el software se enmarca en la investigación de una organización criminal, ya que la ley permite su uso exclusivamente para la persecución de este y otro puñado de ilícitos, como los cometidos contra la seguridad nacional y la Constitución, los menores de edad o el terrorismo.

Anticorrupción incidía en su informe en que este sistema, más complejo que un pinchazo telefónico convencional, no pudo utilizarse con Aldama, pero no concreta si con el resto de investigados tuvo efecto y una eventual nulidad de esa resolución afectaría a las pruebas que se hubieran recogido en esa incursión por vía telemática.

No fue aquel auto de octubre el único, en todo caso, que dio permiso a la Guardia Civil para realizar el registro en remoto de terminales móviles, pues en el sumario constan resoluciones gemelas del mes de noviembre de 2023 y sus prórrogas, así como oficios de los investigadores dando cuenta de la aportación al juzgado de los brutos de información recogida.

Además de la negativa a revocar aquella autorización, el juez ayer cerró la puerta a devolver a Aldama los vehículos y otros bienes que se le embargaron a su detención. El recurso que lo reclamaba también lo será de apelación. Mientras, comienzan a andar los recursos de otros investigados a medida que van repasando el sumario, que ha estado bajo secreto hasta hace poco más de un mes.