Un tribunal concluye por primera vez que los contratos del caso Koldo fueron irregulares

«Existió una contratación pública con un 'modus operandi' rodeado de severos interrogantes jurídicos y con elusión de requisitos que aun en los casos de extrema urgencia, eran exigibles a los operadores jurídicos», señala la resolución, para incidir en que Soluciones de Gestión «no podía concurrir a esa contratación pública destinada a la adquisición de mascarillas».

La sentencia es fruto del recurso que presentó Soluciones de Gestión después de que en primera instancia un juzgado desestimase su demanda por derecho al honor contra Grau, a quien acusaban de haber mancillado el nombre de la empresa publicando artículos en prensa sobre el 'dedazo' por el que acabaría recibiendo hasta 53 millones de euros en mascarillas de los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos de Canarias y Baleares.

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De ahí que el tribunal analice las adjudicaciones que ahora están judicializadas en la Audiencia Nacional, para contrastar si lo que denunciaba ese abogado era o no información veraz. Su conclusión, tras repasar la normativa de contratación pública, es que «no es entendible ni aceptable que esa contratación millonaria de suministros» recayese en una mercantil «completamente desconocida en el tráfico jurídico/económico del sector» sanitario y que «a todas luces», no era la única capaz de proveer el material.

A lo largo de 32 páginas, la resolución, a la que tuvo acceso ABC, detalla que Soluciones de Gestión «carecía de solvencia técnica así como de la adecuada solvencia financiera», que no consta «justificada la adjudicación» a esta mercantil, que «su experiencia no era valorable» y su objeto social «no la habilitaba en modo alguno a concurrir a esas contrataciones públicas de suministro de mascarillas», como tampoco su actividad contemporánea o en los años previos, pues «nada tiene que ver» con ese servicio.

Entra en otras cuestiones, como el sobreprecio que también apuntaba este ciudadano y aunque el tribunal señala que «no parece existir» valorando los importes en el contexto de un mercado sobre tensionado, «es hoy un hecho notorio que sobre la calidad del material servido a las Islas Baleares existe una situación controvertida», como se desprende de las actuaciones en la Audiencia Nacional: un cargamento adquirido por el gobierno de la socialista Francina Armengol por 3,7 millones de euros que acabó en un almacén por inservible.

Había por tanto «veracidad» en los artículos de Grau así como un «interés público, dado que las informaciones afectaban y se referían a un tema al que la sociedad civil presta una especial atención y respecto del que existe una especial sensibilidad» que se acrecentó durante la pandemia, cuando «se realizó una contratación pública masiva con una relajación de garantías jurídicas».