La Audiencia Nacional mantiene en prisión al empresario que financió a Alvise

Así, este mismo viernes el tribunal ha acordado confirmar la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, avalando así también las alegaciones de la fiscal anticorrupción Mar Scharfhausen quien sostuvo ante los magistrados que las circunstancias que aconsejaron su entrada en prisión siguen vigentes.

Por su parte, la acusación ejercida por Zaballos Abogados, que lleva a aproximadamente el 95% de los afectados, también se alineó con el Ministerio Público y destacó que la defensa del principal investigado no había aportado durante esta vista nada nuevo que pudiera tener fuerza para levantar la medida de privación de libertad.

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Javier Lillo

Cabe recordar que Calama, que le investiga por los delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental, y que le ubica como el cerebro de la presunta estafa piramidal que se canalizó a través de Madeira Invest Club, indicó en su auto por el que le enviaba a prisión que, de seguir en libertad, existía un «riesgo cierto de que procediera a la ocultación, destrucción o alteración de fuentes de prueba relevantes».

Adoptó esa decisión después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera a Romillo un día antes tras comunicar a la Audiencia Nacional que el investigado tenía una cuenta en Singapur con 29 millones de euros.

En el auto de la Sección Cuarta se detalla que, a juicio del tribunal, sí existe riesgo de fuga por la “ingente capacidad económica” de la que dispone en el extranjero Romillo, lo que le permitiría vivir “holgadamente” en países en los que evitar las posibles órdenes de busca y captura.

Al hilo, recuerda que durante la investigación se han localizado transferencias por valor de 12.935.000 euros en una cuenta bancaria de Singapur, que recibió más de 29 millones de euros de otra abierta en un Banco de Portugal, que era utilizada presuntamente por el investigado para desviar los fondos recibidos por los inversores. Desde ella, añade, se desviaron aproximadamente 18 millones de dólares a una cuenta bancaria ubicada en Tailandia.

A esto, se suma que el acusado posee bienes inmuebles, vehículos de lujo y embarcaciones en diferentes países, dice el tribunal, a lo que se añade la localización de una cuenta en criptomonedas de la que es titular el investigado con más de 7 millones de euros, de los que solo él puede disponer.

“No cabe duda que todo ello son indicios objetivos que incrementan no sólo el riesgo de fuga, sino también la posibilidad de destrucción o de ocultación de pruebas del entramado societario supuestamente formado y creado por el investigado para el desvío de fondos, pues muchas de estas sociedades y las operaciones de desvío y ocultación de fondos se encuentran en el extranjero dispersas en diferentes países, siendo absolutamente necesario proceder a su localización y bloqueo, y averiguar las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas, medidas que se verían frustradas o, al menos, dificultadas si el investigado se encontrara en libertad, ya que hoy día, con los medios telemáticos podría seguir operando con los fondos depositados en el extranjero y ocultar los canales utilizados para la transferencia de los fondos a terceros países”, señala.