La asociación mayoritaria de jueces advierte de que que la amnistía «carece de sustento» en un régimen democrático
La APM rechaza «sin paliativos» la «fiscalización» de las decisiones judiciales en comisiones de investigación
La amnistía de Sánchez vulnera la Estrategia de Seguridad Nacional
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, en defensa del Estado de Derecho, ha recordado este viernes que «el pleno ejercicio de la potestad jurisdiccional, de acuerdo con los mandatos de la Constitución, implica el respeto, acatamiento y ejecución de las ... resoluciones del Poder Judicial». En una declaración institucional aprobada en el seno de su XXVI Congreso, la APM expresa su «más firme rechazo» a la amnistía por carecer de «sustento en un régimen democrático» y vulnera el principio de igualdad.
Para la APM la amnistía representa «una desautorización de la posición constitucional del Poder Judicial», muy en particular del Tribunal Supremo; e implica un ataque a los pilares del Estado de Derecho, «por cuanto socava gravemente el principio de separación de poderes»
En esa declaración institucional, la asociación mayoritaria rechaza también «sin paliativos» la posibilidad de que, a través de comisiones parlamentarias de investigación, «se fiscalice la labor desarrollada por jueces y tribunales, que actúan aplicando la ley y el Derecho, ejerciendo la labor que, en exclusiva, les encomienda la Constitución».
Asimismo defiende que la elección de los vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), debe realizarse por la propia carrera. «Inequívocamente, éste fue el sistema que inspiró el contenido del artículo 122 de la Constitución».
No obstante, y ante la grave situación que implica un CGPJ en funciones hace cinco años hacen un llamamiento «urgente» a los grupos parlamentarios para que lleven a cabo la renovación del órgano, «sin perjuicio de que se impulsen (en línea con las recomendaciones de la Unión Europea), las iniciativas legislativas oportunas para lograr de futuro la recuperación del sistema electivo judicial».
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