Aralar pide a ETA que levante las amenazas contra cargos públicos

Tras recalcar que parten "de la no aceptación" y son "manifiestamente contrarios a la existencia de la violencia de ETA", ha apuntado que el levantamiento de las amenazas "podría ser un gesto positivo y preludio que permitiese visualizar la aceptación de los movimientos que a favor de la normalización y pacificación definitiva de nuestra sociedad se están dando".

En su opinión, esto "daría la credibilidad sobre los nuevos tiempos sustentados en el ejercicio de las vías exclusivamente políticas y el reconocimiento de todos y cada uno de los derechos humanos ". A eso ha añadido que la búsqueda de la normalización de la sociedad vasca y española "requiere dar pasos serios y definitivos que permitan comprobar sin ningún tipo de duda la veracidad y convencimiento en la apuesta por dichas vías".

Para Jiménez, "siendo la razón y prioridad fundamental la erradicación de la vulneración de derechos humanos que estas amenazas suponen sobre las personas afectadas, empezando por el derecho a la vida, esta realidad tiene además consecuencias también importantes que mediatizan el día a día de dichas personas y de las instituciones". De igual forma, ha indicado, "no se puede justificar y resulta sangrante el precio que el conjunto de la sociedad tiene que soportar como consecuencia de estas amenazas mediante la derivación de cientos de millones de euros para garantizar la seguridad de estas personas amenazadas".

En este sentido ha sostenido que "resulta hiriente" que en una situación de grave crisis económica, en la que se están produciendo importantes recortes económicos que afectan e influyen en servicios básicos o derechos sociales, se sigan "distrayendo cientos de millones de euros de nuestros presupuestos, miles de los del Estado por la existencia de estas amenazas".