Aragonès presume de una amnistía que traspasa las líneas rojas de Moncloa

Carles Puigdemont pidió a principios de septiembre que hubiera ley antes de la investidura y, aunque no la habrá 'stricto sensu' –ni siquiera con una tramitación exprés podría estar aprobada definitivamente la semana que viene–, sí que estará embocada para salir adelante.

En este contexto, y ante la previsión de que mañana mismo la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, fije la fecha para la investidura la semana próxima, coincidiendo con las reuniones convocadas de la Mesa y la Junta de Portavoces, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sacó ayer pecho del acuerdo alcanzado el martes por la noche con Sánchez, tras una conversación telefónica entre ambos.

En un mensaje en las redes sociales, el dirigente de ERC afirmó que «desbloquear la ley de amnistía para dar cobertura a todos los represaliados era imprescindible», de lo que se deduce que los activistas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), aquellos a los que el expresidente Quim Torra animó a seguir con su actuación coactiva –«apreteu», les arengó–, estarían entre los amnistiados.

Eso incluiría a doce miembros del denominado Equipo de Respuesta Táctica, una presunta cédula violenta de los CDR, cuya investigación en la Audiencia Nacional está ya lista para ser enviada a juicio por un delito de pertenencia a organización terrorista. A ocho de ellos, además, se les acusa de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos, informa Isabel Vega. La causa ya estaba finalizada en 2021, pero la Sala de lo Penal la ha reabierto en dos ocasiones. Primero, para que las defensas tuvieran acceso a una serie de informes policiales que formaban parte de otro asunto y después, para que prestasen declaración los autores de los mismos. El pasado junio se volvió a dar por concluida, con la perspectiva de enviarla a juicio.

Incluir a los CDR en el plantel de amnistiados es una de las líneas rojas que, tal y como adelantó ABC, pretendía poner Sánchez a la negociación, en la que tampoco estaba dispuesto a pasar porque el Estado tuviera que asumir los hasta 10 millones de euros que se calculan en concepto de responsabilidad civil que el Tribunal de Cuentas reclama por el coste de las consultas independentistas del 9-N (2014), con Artur Más en la presidencia de la Generalitat, y la del 1-O en 2017, ya con Puigdemont.

A la espera del texto de la ley en sí y de la precisión de cómo se establezca el perímetro de a quién afecta en concreto –algo sobre lo que desde el primer momento de la negociación tuvieron discrepancias Moncloa y los independentistas, que siempre han tirado muy por alto sus peticiones– las palabras de Aragonès blasonando de haber logrado un acuerdo más allá de lo previsible cabe inscribirlas en la permanente pugna en el ámbito del separatismo entre ERC y Junts per Catalunya. Y sobre todo en una semana donde Puigdemont ha vuelto a tener un enorme protagonismo, singularmente a raíz de la fotografía con el número tres del PSOE, Santos Cerdán, el lunes en Bruselas, junto a una enorme foto de una urna del 1-O que el PSOE ocultó en las imágenes remitidas a los medios.

Es en ese contexto donde se produce tanto la conversación telefónica entre Sánchez y Aragonès el martes por la tarde, el mismo día de la jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor, como el mensaje de ayer del presidente catalán, quien sin embargo evita mencionar a los CDR por su nombre.

Por lo demás, el propio Aragonès aboga por «avanzar para un acuerdo más amplio», para el que señala dos de las tradicionales reivindicaciones del nacionalismo catalán. La primera, el traspaso de competencias de los trenes de cercanías. Y la segunda, la corrección de lo que consideran un «déficit fiscal» y un agravio de Cataluña para con el resto de comunidades autónomas. Todo ello ante una legislatura, la que echará a andar cuando se concrete la investidura de Sánchez, en la que previsiblemente se podría reformar el sistema de financiación autonómica, cuya vigencia ya caducó hace años. Y en el que el Gobierno pretende reparar la «infrafinanciación» de la Comunidad Valenciana, tal y como expresó la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, durante la firma del acuerdo de Gobierno con el PSOE de la semana pasada. Curiosamente una comunidad con un Gobierno de coalición entre el PP y Vox.

Desde la oposición volvieron a arremeter ayer contra el acuerdo de Sánchez con los partidos separatistas, pero muy en especial con la posibilidad de que hasta los CDR se incluyan entre el grupo de amnistiados. El diputado de los populares por Barcelona, Nacho Martín Blanco, lo calificó de «indecente», ante una norma que podría exonerar de responsabilidad a quienes agredieron a policías nacionales durante las protestas en el otoño de 2019 por la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por sedición y malversación al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al resto de cabecillas del golpe secesionista. «Esto es intolerable. No tienen vergüenza», señaló el dirigente popular en su perfil de X (antes Twitter), donde recuerda además a un agente de Vigo al que, relata, «miembros de los CDR dejaron en coma de una pedrada en la cabeza de resultas de la violencia desatada por radicales separatistas».

Sánchez confía, por tanto, en ser investido el miércoles de la semana que viene, 8 de noviembre, en primera votación, ya que a diferencia de enero de 2020, donde tuvo que esperar a la segunda porque no tenía mayoría absoluta sino simple, ahora cuenta, si nada se le tuerce en el tramo final, con 178 síes, los mismos que en agosto posibilitaron que Francina Armengol fuese elegida presidenta del Congreso y que hubiera una Mesa con mayoría de izquierdas.

En cuanto Armengol convoque este viernes el debate tienen que pasar 48 horas hábiles hasta que se celebre, por lo que comenzaría el próximo martes y duraría dos días, hasta la votación el miércoles. A Sánchez le daría tiempo a llegar el 10 de noviembre al congreso de los socialistas europeos que se va a celebrar en Málaga ya investido presidente. Afrontaría así su tercera etapa en La Moncloa, tras la primera con un gabinete monocolor del PSOE, nacido después de la moción de censura a Mariano Rajoy de 2018, y la segunda con la coalición con Podemos, que ahora reeditará con Sumar.