Rajoy explora con Aragón la fórmula de la financiación autonómica a la carta

Aunque fuentes oficiales descartan que esto guarde relación con una posible oferta a futuro hacia Cataluña , a fin de desactivar los argumentos victimistas del independentismo, reconocen que, en teoría, este tipo de acuerdos bilaterales sí que permitirían reconocer «hechos diferenciales» en materia de financiación autonómica. Y, llegado el caso, eso cabría para Cataluña.

El caso es que esa «tercera vía» de financiación autonómica va a ser explorada por el Gobierno central. Lo va a hacer con una comunidad nada sospechosa de tensiones nacionalistas, Aragón. Y lo va a hacer agarrándose a lo que el propio Estatuto de Autonomía de la región contempla desde hace años: su artículo 108 reconoce la posibilidad de que Aragón y la Administración del Estado firmen acuerdos bilaterales económico-financieros, al margen del sistema general de financiación autonómica .

El Gobierno aragonés del socialista Javier Lambán no ha dudado en presentar como un éxito que el Ejecutivo central haya aceptado abiertamente esta posibilidad, algo que no había ocurrido hasta ahora con tantan nitidez. Ni con el PSOE en La Moncloa ni con el PP, hasta ahora ese mecanismo de financiación a la carta no ha sido facilitado por el Estado, pese a contemplarse en el Estatuto de Autonomía de Aragón.

Sin embargo, con ser un paso hacia esa bilateralidad económica, lo cierto es que el Gobierno de Rajoy se lo va a tomar con calma: lo acepta como fórmula factible, pero de momento queda supeditada a estudios técnicos previos. De ello se encargará, desde este mismo momento, un grupo de estudio creado en el seno de la Comisión Mixta de Asuntos Economicos y Financieros Estado-Aragón . El grupo técnico elevará su estudio a la Comisión Mixta cuando lo tenga listo y luego tocará considerarlo para su puesta en marcha. Para ello se cuenta con la Comisión Bilateral Aragón-Estado, que es la que se reunió este martes en Zaragoza -con la presencia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría - y decidió explorar esa fórmula de la financiación autonómica a la carta.

Situada entre el ventajoso régimen foral de Navarra y el influyente escenario catalán -que ha hecho valer su peso político en las sucesivas revisiones del sistema de financiación autonómica- Aragón lleva años exigiendo un trato diferenciado por parte del Estado. De hecho, es lo que todos los partidos políticos -PP incluido- decidieron cuando se aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía que se aprobó en 2007 y que está vigente desde aquel momento. En dicho texto se incluyó ese artículo que abre la puerta a una financiación a la carta que Aragón justifica en sus peculiares problemas estructurales: poca población, muy envejecida y dispersa en un territorio extenso, lo que conlleva un sobrecoste en la prestación de los servicios públicos esenciales -caso de la Sanidad- y en las inversiones en mantenimiento de la red de infraestructuras.

En el fondo, ese artículo del Estatuto de Autonomía de Aragón también persigue hacer valer la tradición foral de esta Comunidad autónoma y mirarse en el espejo de Navarra: no pretende disfrutar de su ventajoso régimen financiero-fiscal, pero sí -al menos- aproximarse algo más. Hay que tener en cuenta que la vecindad entre Aragón y Navarra contrasta con su enorme brecha en materia de financiación autonómica. Por ejemplo, en 2011 y 2012 Aragón dispuso prácticamente de la mitad de recursos públicos de los que disfrutó su vecina Navarra. Y eso no fue un hecho aislado, sino la tónica habitual año tras año.

La aspiración aragonesa que quedó recogida en el Estatuto de Autonomía de 2007 y que ahora se activa como posibilidad real en firme cuenta con un valedor especial en estos momentos: el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, el aragonés Roberto Bermúdez de Castro, del estrecho círculo de colaboradores de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y cuyo anterior cargo fue el de consejero de Presidencia del Ejecutivo regional de Luisa Fernanda Rudi, en la pasada legislatura.