Un juez de Zaragoza abre una investigación penal por la entrada del líder del Polisario en España

El caso está en manos del titular del juzgado número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, que ha apremiado a la Guardia Civil a que le aporte información clave para saber quién viajaba con Gali, así como quiénes autorizaron su entrada en España y con qué documentación. El juez ya ha librado un auto de investigación, al que ha tenido acceso ABC , con el que ha incoado diligencias previas.

La denuncia que está cursando el juzgado de Zaragoza trata de detallar quiénes intervinieron en la entrada irregular de Gali en España . Eso incluye tanto a los que concedieron o ampararon la documentación con la que entró en nuestro país, como a quienes dieron por buena la misma en frontera. El caso puede comprometer de lleno a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya . Y, por extensión, al propio presidente Pedro Sánchez .

Brahim Gali está imputado en España por delitos de genocidio, torturas y violación . Entró en España el 18 de abril y regresó a Argelia el pasado 1 de junio . Llegó en un avión medicalizado que aterrizó en Zaragoza. Allí fue recogido en una ambulancia del Servicio Aragonés de Salud, que depende del Gobierno aragonés -presidido por el socialista Javier Lambán y del que forma parte Podemos-. Esa ambulancia lo trasladó hasta el Hospital San Pedro de Logroño, donde permaneció varios días ingresado. Ese hospital pertenece al Servicio de Salud del Gobierno riojano , que preside la también socialista Concha Andreu .

El denunciante considera que, por cómo se produjeron los hechos y por algunos datos que han trascendido públicamente, en la entrada de Gali pudieron cometerse los delitos de falsificación, prevaricación y encubrimiento . Delitos que habrían cometido tanto el propio Gali como quienes le acompañaron y quienes, desde España, siendo funcionarios o altos cargos, le franquearon la entrada. El juez, en línea con lo expresado por el denunciante, ve indicios suficientes de delito como para haber abierto la investigación que ya está en curso.

De momento, como primer paso para ir depurando responsabilidades, el juez ha reclamado a la Guardia Civil que le facilite, de inmediato, un informe en el que detalle la identidad de los ocupantes del vuelo en el que iba el líder del Polisario. Además, la Guardia Civil deberá identificar también «los documentos de viaje que portaban, con e xpresión de los visados de entrada y demás circunstancias que determinaron su entrada en territorio nacional ». El auto en el que el juez reclama todos esos datos lo firmó el pasado 31 de mayo. Se lo ha dirigido al responsable de la Guardia Civil en el Aeropuerto de Zaragoza , al que le ha dado cinco días de plazo para aportar el informe.

El abogado malagueño que ha iniciado estas acciones penales se ha personado como acusación popular, algo que le ha permitido el juez que lleva el caso. Alega el letrado que, además de cumplir con la obligación de denunciar hechos presuntamente delictivos, en su caso se ha visto personalmente perjudicado por este episodio que ha desencadenado un grave conflicto diplomático entre España y Marruecos.

Según ha explicado Antonio Urdiales a ABC, está casado con una súbdita marroquí, su hija tiene doble nacionalidad, y la crisis entre España y Marruecos -alega- ha afectado de lleno su «libertad deambulatoria» para visitar a sus familiares en el país vecino.

De los tres delitos que se investigan, el de mayor gravedad penal es el de encubrimiento, que puede caer sobre los funcionarios o altos cargos de Exteriores y fronteras que ordenaron o facilitaron la entrada de Gali en España. Este delito de encubrimiento estaría castigado con penas de hasta tres años de cárcel , además de inhabilitación, según ha explicado Antonio Urdiales.

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, está en el punto de mira de la acción penal emprendida por este abogado . Pero está convencido de que, una decisión de este calibre, que ha desencadenado un grave conflicto internacional, no la adopta un ministro sin la iniciativa previa o el consentimiento del presidente del Gobierno. Así que las consecuencias de la instrucción judicial que ha abierto podría extender su sombra, llegado el caso, hasta el propio Pedro Sánchez .

Antonio Urdiales considera que es inaceptable la explicación dada por la ministra de Exteriores, que justificó la entrada de Gali en España por «motivos humanitarios» . A juicio del abogado que ha denunciado, eso sería tanto como decir que «por motivos humanitarios podríamos admitir a un asesino que llegara con fiebre».

Este letrado afirma que solo caben tres opciones, y ninguna de ellas exenta de responsabilidad. La primera, que el líder del Polisario entrara en España con el mismo pasaporte falso con el que se inscribió en el Hospital de Logroño, con identidad falsa. En tal caso, «cometió un delito por usar un pasaporte falso, y de ese delito también serían responsables las personas que, conociendo el hecho, lo hubieran autorizado», explica Urdiales.

La segunda opción es que Gali llegara provisto de un visado cuya concesión, indica este abogado, sería gravemente irregular, ya que mal se le puede conceder tal documentación a quien «en España tiene abiertas causas por genocidio». El visado -explica Urdiales- solo pudo ser concedido en este caso por dos vías: en origen, expedido por el cónsul de España en Argel ; o en frontera, justo en el momento de entrar en España, decisión que solo pudo haber adoptado la ministra de Exteriores .

Antonio Urdiales se inclina por esta última opción. Por lo que ha trascendido sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos, «huele a que ha sido la ministra la que concedió el visado en frontera», afirma el letrado. Y avanza que, si la investigación judicial que se ha abierto apuntara en esa dirección, la causa penal habrá que elevarla a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la competente para entender de los presuntos delitos cometidos por los miembros del Gobierno.