La Junta de Fiscales de Sala avala por la mínima el archivo de la querella del novio de Ayuso sin practicar diligencias

Lo cierto es que la decisión de esa mayoría supone un balón de oxígeno para la Fiscalía General en el sentido de que, a diferencia de Tsunami, Sánchez Conde no va a tener que contradecir a esa ajustada mayoría en su escrito al TSJM, aunque el criterio de la Junta de Fiscales de Sala no era vinculante. Tampoco lo es la opinión del Ministerio Público para el magistrado que instruye la querella, pues al haber una acusación particular (el propio afectado por la revelación de datos), es previsible que no se rechace de plano y se practiquen al menos diligencias de investigación para descartar los indicios de una revelación de secretos.

La reunión de la Junta de Fiscales de Sala comenzó pasadas las nueve y media de la mañana con la ausencia de Alejandro Luzón, Elvira Tejada, Jesús Tirado y Antonio Vercher. Después de tres horas, se suspendió para que los fiscales pudieran acudir al acto de despedida de su compañero José Luis Bueren, que se jubila. El cónclave se retomaba a las tres de la tarde con la previsión de que pudiera durar al menos otras tres horas, como así ha sido, pues faltaban la mitad de intervenciones.

Estos 32 fiscales tenían que dirimir el conflicto que llevó a la fiscal de la Provincial de Madrid a utilizar la vía del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para manifestar su oposición con la teniente fiscal del Supremo. Y, como se esperaba lo han hecho divididos entre quienes respaldan en criterio de la fiscal Silva, quien antes de decidir sobre la admisión quería que se practicaran unas diligencias mínimas tendentes a dar con la autoría de la filtración; y quienes han apoyado a la número dos de García Ortiz, a María Ángeles Sánchez Conde, quien ha presidido la Junta y para quien esas diligencias (que consisten en conocer todas las comunicaciones y correos que se intercambiaron la Fiscalía Provincial y la General) ni siquiera deben practicarse. Este segundo grupo, conformado en su mayoría por fiscales de la UPF, la asociación del fiscal general, ha mantenido que no hay tal delito de revelación (porque los datos publicados sobre González ya se conocían por los medios) ni indicios contra los fiscales querellados. Acceder al intercambio de correos entre la Fiscalía Provincial y la General del Estado no sólo permitiría a la defensa acceder comunicaciones internas relativas a su caso, sino que sentaría un precedente de cara a casos futuros. Dos fiscales de la UPF no han votado con la mayoría y sí lo han hecho un fiscal de la AF , el jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, renovado por Delgado antes de dejar la Fiscalía General y dos no asociados.

Fuentes fiscales señalaron que esta mañana Silva ha defendido su postura con solvencia y haciendo hincapié en la necesidad de practicar esas diligencias mínimas para esclarecer la intervención de los querellados en los hechos denunciados, para buscar la «verdad material», ha dicho. Eso no tiene por qué implicar que posteriormente haya que informar ante el TSJ de Madrid a favor de la admisión de la querella, ha aclarado. Dar carpetazo sin más sería, a su juicio, difícil de explicar y fruto de una decisión precipitada porque no se puede descartar la naturaleza delictiva de los hechos. De ahí la necesidad de recopilar antes todas las comunicaciones y correos. Siempre según esas fuentes, la teniente fiscal, la que impuso a Silva la inadmisión, le ha hecho dos interpelaciones durante su intervención.

Al difundir esos correos la Fiscalía Provincial de Madrid quería desmentir las informaciones que previamente habían apuntado en medios que fue el Ministerio Público la que ofreció a González un trato de conformidad, cuando la realidad es que fue el novio de Ayuso el que propuso esa conformidad asumiendo en un correo electrónico la comisión de dos delitos fiscales, una pena de prisión de ocho meses y el pago 525.000 euros. Para ello relató de forma cronológica las comunicaciones intercambiadas entre la defensa y el fiscal del caso.

Fuentes de la Junta de Fiscales señalaron a ABC que esa investigación inicial era necesaria (aunque no se puede descartar que se practique si así lo decide el juez) ante la posible comisión del delito previsto en el artículo 197 del Código Penal (revelación de secretos ajenos conocidos por razón del cargo o relaciones laborales). Este ha sido el sentido de la intervención de algunos de los fiscales que hablaron por la tarde después de que por la mañana lo hicieran por estricto orden de antigüedad, de menor a mayor, fiscales de la UPF que fueron promocionados a primera categoría por la anterior fiscal general, presente en esta junta en su condición de fiscal de Sala de Memoria Democrática, y por el propio García Ortiz. El tono de la reunión ha sido cordial y desde luego «mucho menos tenso» que tres encuentros anteriores que mantuvieron Silva y el teniente fiscal de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría. En uno de ellos se encontraron con la sorpresa de que también estaban invitados los querellados: la jefa de la Provincial, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto. En el cuarto, según ha podido saber ABC, Sánchez Conde ni siquiera quiso recibir de manos de Silva el escrito en el que se acogía al citado artículo 27 del Estatuto fiscal.

Entre la documentación que tenían este miércoles sobre la mesa los fiscales está el documento sobre el que giró el desmentido de la Fiscalía sobre quién propuso ese acuerdo de conformidad. Fue la defensa de González Amador quien aceptó la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública.

Como informó ABC, en el escrito dirigido al fiscal Julián Salto, la defensa explica que aunque intentó realizar una regularización tributaria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) le avisó de que esta «supuesta regularización» no puede «operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad». «Teniendo en cuenta el resarcimiento del daño asociado a esta propuesta de conformidad penal, y que no estamos en ningún caso ante un delito agravado, se propone una pena de prisión de 4 meses por cada delito a imponer», recoge el escrito. Además, la defensa de González plantea «la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 9 meses».

La gestión de la filtración apunta directamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien la semana pasada asumió la responsabilidad última en un asunto que supone una polémica en su currículo después de la desviación de poder por la que le condenó el Supremo hace unos meses o episodios como el protagonizado por su número dos en el caso Tsunami. Como era de esperar, la mayoría de los miembros de la Junta asociados a la Unión Progresista de Fiscales han respaldado el criterio de la teniente fiscal.

La UPF apenas representa a dos centenares de afiliados de los 2.500 fiscales que integran la carrera. En este momento, y sin contar con el fiscal general, de los 36 miembros de la Junta de Fiscales de Sala 16 son de la UPF, 9 de la mayoritaria Asociación de Fiscales y 11 no asociados.