La Junta de Andalucía reducirá gastos de alquiler al reajustar una operación de financiación de 2010
La Administración autonómica se compró a sí misma hace 14 años ocho edificios. En este tiempo se han pagado 46,7 millones en impuestos e intereses bancarios
Los ocho edificios seguirán como sedes administrativas pero a través de una tarifa por uso que permitirá ahorrar 1,5 millones de euros al año
La Junta de Andalucía compra por 328 millones las 70 sedes alquiladas que el PSOE vendió a un fondo de inversión

En el presupuesto de 2024 la Junta de Andalucía introdujo como una de sus principales medidas de ahorro la reversión de una operación de financiación realizada por el Gobierno autonómico en 2014. En un mecanismo conocido como Sale & Leaseback se vendieron 70 edificios al fondo ... de inversión WP Care para obtener liquidez con el compromiso de mantenerlos luego en alquiler como sedes durante un periodo de 20 años. A principios de 2024, la Consejería puso fin a esta operación, los recompró por 328 millones de euros y recortó los gastos en alquiler. Si se hubiera ejecutado del todo se habrían gastado 430 millones de euros.
En los presupuestos de 2025, la Junta de Andalucía vuelve a revisar otra de las operaciones de financiación de Sale & Leaseback de legislaturas anteriores. En este caso, se trata de una compleja operación de financiación interna diseñada en el año 2010 por la que la Empresa Pública de Gestión de de Activos Epgasa pidió un crédito para comprar a la Dirección General de Patrimonio ocho edificios por un importe de 93 millones de euros que dieron liquidez en ese momento a las arcas autonómicos. De esa forma, la deuda no contabilizaba a efectos legales. Era lo que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos considera un «endeudamiento encubierto». Pero el coste desde entonces, según los cálculos de la Junta ha sido de 46,7 millones de euros: 7,4 millones de impuestos de la compraventa, 16.5 millones de intereses abonados por Epgasa a los bancos y otros 22,8 millones de euros de distintos impuestos asociados a la titularidad de estos inmuebles.
Desde entonces, durante estos diez años, los ocho edificios han permanecido como sede administrativa de propiedad de Epgasa y con un alquiler por parte de la Junta de Andalucía. Ahora, en las bases del presupuesto de 2025, publicadas ayer, se revierte parcialmente esta operación. Los inmuebles seguirán bajo la propiedad de la empresa pública pero se rescinden los ocho contratos de alquiler.
A cambio, las bases de la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025 establecen la configuración de un régimen de tarifas que aprobará la Dirección General de Patrimonio y que se corresponderán con los costes directos e indirectos de la operación. Es decir, que la Junta ya no será arrendataria de Epgasa pero sí pagará una tarifa por ocupar las sedes.
Esta operación tendrá una reducción del gasto en arrendamientos de en torno a cinco millones de euros al año, aunque como habrá que pagar la tarifa por ocupación del espacio, el ahorro neto será inferior. Se estima que se va a situar en 1,5 millones de euros al año.
Con la medida incorporada en los Presupuestos de 2025, la Junta de Andalucía garantiza en cualquier caso la continuidad de los edificios como sedes administrativas autonómicas. De hecho, según las estimaciones del Gobierno autonómico, en ellos trabajan 2.532 profesionales.
Los edificios objeto de esta operación están repartidos por tres provincias. En Sevilla, están las sedes administrativas ubicadas en la Avenida de la Palmera, 41; calle Castelar 22, los números 4 y 5 de la Plaza Nueva y la Avenida de Hytasa. En Huelva afecta al edificio ubicado en la calle Moras Claros, 8. Y en el caso de Málaga las sedes que se vendieron en su momento a Egpasa son las ubicadas en la Avenida de la Aurora, 47 y en Compositor Lehmberg Ruiz 22.
Esta actuación de ahorro se enmarca dentro de la estrategia de intervención sobre el patrimonio y las sedes administrativas de la Junta de Andalucía puesta en marcha por la consejera Carolina España. Además de las citadas reversiones de las operaciones de Sale & Leaseback, se ha diseñado todo un plan de enajenación de patrimonio sin uso a través de subastas públicas que está permitiendo incrementar ingresos y al mismo tiempo reducir gastos.
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