Treinta y tres testigos al unísono para probar las mordidas de la Fundación Guadalquivir Futuro

Hasta 33 testigos reunidos en meses de estudio del caso con declaraciones coincidentes que llevaron a la instructora del expediente a considerar como graves las prácticas de este entramado en sus conclusiones, tenidas muy presentes en la posterior resolución sancionadora de la Junta de Andalucía sobre las ayudas concedidas del Programa Emple@.

Según ha confirmado a este periódico el parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, David Moscoso , las conclusiones de ese informe de la Inspección de Trabajo apuntan en una dirección «tajante sobre el desvío del dinero» a la par que pone de manifiesto la imposibilidad de que esas 33 personas que declararon ante la instructora se hubieran puesto de acuerdo previamente en sus mismos argumentos.

No obstante, se deslizan algunas contradicciones producto, según este análisis oficial, de las presiones que se pudieron ejercer sobre alguno de los trabajadores.

Otra de las conclusiones relevantes de estos trabajos es que hay constancia documental real del desvío de unos 18.000 euros descontados de los salarios de los diferentes trabajadores de Fundación Guadalquivir Futuro, Asociación Jóvenes Hacia el Futuro o la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir , los tres entes comandados por Cristian Menacho , exresponsable de las Juventudes Socialistas en Córdoba capital, y su madre Ángeles Muñoz.

No obstante, la cantidad mordida puede ser mayor. El pago de mordidas se ha referido de manera verbal en otros casos de testigos y afectados, mientras que en otros, no se recordaba cómo había sido el desembolso obligatorio. El volumen total de ayudas recibido por el entramado afín al PSOE del Programa Emple@ en su convocatoria de 2015 (se ejecutó en 2016) sobrepasaba los 400.000 euros. Un 75 por ciento del importe se entregaba al arranque de los y contratos, el resto, al final.

Según Moscoso, los expedientes de Empleo contienen además un informe jurídico de un letrado de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en el que se pone de manifiesto que no hay indicios de delitos penales sino faltas administrativas que derivaron en el reintegro de 300.000 euros en ayudas concedidas, una multa de 46.000 euros y la imposibilidad de percibir subvenciones del Gobierno andaluz en los cinco próximo años.