Sequía a la vista

El otro ha sido Lucena , el segundo núcleo de población en la provincia de Córdoba. El Consistorio lucentino ha tirado de manual con el objetivo de no llegar a la fase de cortes de agua. La estrategia ha sido eliminar el baldeo de las calles, suprimir los riegos de zonas verdes que no sean estrictamente necesarios, buscar puntos en los que la red tenga averías para eliminar fugas y bajar la presión del sistema de distribución para reducir, a su vez, la cantidad de agua que sale por los grifos a determinadas horas de la noche.

Los embalses de la cuenca no se encuentran aún en una fase técnica de sequía que se encuentra, sin embargo, a la vista. Todos los pantanos que dependen de la cuenca suman un 24 por ciento de su capacidad embalsada con un reparto desigual que garantizar el servicio de aguas aunque no descarte problemas territoriales en los municipios más afectados.

Las sequías son, también, políticas . Generan tensiones partidarias y económicas como esta semana se ha podido comprobar. La Junta está trabajando en un proyecto, autorizado ya por la Confederación Hidrográfica, para llevar agua del pantano de Iznájar a la comarca de Antequera con el objetivo de paliar el déficit hídrico que padecen los regadíos de la zona. Por su parte, las comisiones de desembalse en las que se decide qué agua acaba en los campos están precedidas, cada vez más, de debates de alto voltaje entre las demandas agrarias y las cesiones que están dispuestos a hacer en el Ministerio.

En clave municipal, Córdoba tiene una particularidad política . Una de tantas, en realidad. Todos los alcaldes que han pasado por el cargo de máximo responsable político de la capital se han negado siempre a cortar el agua. El Ayuntamiento tiene una larga tradición de gestión pública del agua producto de décadas de inversiones con técnicos cualificados que siempre consideraron que el corte genera más gasto. Primero, por el acopio de agua que se produce de forma natural en las casas. Segundo, por la forma en la que impacta en la red generando averías.

El exalcalde Rafael Merino puede dar fue de cómo es una guerra de agua. En los noventa se produjo una sequía atroz . Fueron cinco años seguidos en una situación constante de carestía. El Gobierno, por medio de la delegada de la época, Amparo Rubiales, presionó al Ayuntamiento para que impusiera recortes de agua para actuar como el resto de las ciudades andaluzas. Por solidaridad. Merino dijo que tenían que mandarle a la Guardia Civil para que decretase tal cosa. Nunca llegó a hacerlo. Y ese momento en el que empiezan las graves tensiones, al parecer, empieza a estar más cerca de lo que pensamos.