La Junta pedirá las mismas penas que la Fiscalía en el caso Guadalquivir Futuro de Córdoba

La conclusión de la Administración pública será, pues, que los tres responsables de la fundación ( Ángeles Muñoz, Cristian Menacho y José Antonio González Adame ) han de cumplir una pena de conjunta de nueve años y siete meses cada uno. Defenderá también las mismas penas pecuniarias consistentes en una sanción de 300.000 euros por cada delito de fraude para cada uno y 5.400 euros a cada uno por el delito contra los derechos de los trabajadores si finalmente resultan condenados.

La Junta de Andalucía decidió personarse en el caso tras meses en los que la institución permaneció ajena a la causa a pesar de que se había producido un menoscabo evidente de fondos públicos. Lo hizo en marzo de 2018 a pesar de que la orden de la Consejería correspondiente, Empleo , se había firmado con cierto tiempo de antelación. La realidad es que los letrados del servicio jurídico de la Junta solo han asistido de oyentes a la instrucción. Ni han pedido pruebas concretas, ni han participado activamente en las declaraciones de imputados y testigos que han pasado por el Juzgado de Instrucción 8 de Córdoba , que ha llevado el caso. El cambio del Gobierno de la Junta modifica las tornas en el interés que se tiene en el caso. En los meses previos a las elecciones autonómicas, más que una presencia activa lo que hizo la Junta es tener a un representante directo en el juzgado.

La Junta es una entidad que tiene intereses directos aparte de las conexiones políticas de la Fundación Guadalquivir Futuro con altos cargos del PSOE, que le permitieron acceder a cientos de miles de euros del Plan Emple@ y otras subvenciones. Una vez demostrada la situación de irregularidad de las mordidas y que, según el Gobierno del PSOE , el dinero había ido a lo que no debía, se multó a las organizaciones con 46.000 euros y se optó por reclamar la devolución de 300.000 euros. Cada vez que la oposición preguntaba, estas cantidades nunca se habían devuelto ni satisfecho. Algo parecido ocurría con otras instituciones que dieron ayudas a estas entidades como el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo .

De las partes en el procedimiento, resta Podemos que mantiene su postura de que hay que seguir investigando los lazos de los gestores de Podemos con altos cargos del PSOE. El informe del fiscal ni el auto que pone fin a la instrucción citan un hecho indispensable para la representación legal del partido morado.