La cúpula de la Fundación Guadalquivir Futuro se enfrenta a penas de 30 años de cárcel

El caso de la Fundación Guadalquivr Futuro nace el 24 de junio de 2016 cuando ABC empezó a publicar una investigación sobre una entidad muy ligada al PSOE del distrito Sur de Córdoba que recibía dinero de las administraciones públicas. Según aquellas informaciones, la fundación y sus entidades satélite habían solicitado y obtenido recursos del Plan Emple@ , un programa de la Junta de Andalucía para dar trabajo a personas en desempleo.

La organización, según constataron después investigaciones oficiales, había detraído dinero de las nóminas de los trabajadores reduciendo también la jornada laboral. Los parados no trabajaban las ocho horas asignadas, a pesar de que su cumplimiento era obligatorio, y lo hacían seis. El dinero correspondiente se entregaba, primero en mano y después mediante transferencia bancaria disfrazada de donación , a las organizaciones. El destino del dinero no ha sido dilucidado por la investigación. Quién tomó la decisión de regar de dinero a estas entidades, tampoco.

Los tres procesados por estos hechos son Ángeles Muñoz , Cristian Menacho y José Antonio González Adame , que ocupaban los cargos directivos de la entidad ya que se descartó la participación de una cuarta imputada que declaró que también había tenido que pagar las mordidas. Muñoz y Menacho, madre e hijo, ocuparon respectivamente lugares en las listas a las municipales de Juan Pablo Durán e Isabel Ambrosio . Menacho era además el secretario local de las Juventudes Socialistas . Tanto el fiscal como la acusación los acusan a todos por igual de un delito contra los derechos de los trabajadores y dos delitos de fraude de subvenciones y contra la administración.

La Fiscalía entiende que por el primero de los ilícitos penales los procesados tienen que cumplir una pena de tres años y siete meses de prisión. La acusación particular considera que el delito de contra los derechos de los trabajadores debe tener un castigo de cuatro años de cárcel para cada una de los tres directivos de las entidades que servían de soporte al PSOE en la zona sur de Córdoba, una de las más pobres de España .

En el caso del fraude de subvenciones , aún presunto, el fiscal considera que los tres directivos de las organizaciones sociales tienen que cumplir una pena de tres años de prisión por cada uno de los dos delitos. La acusación particular eleva esa petición de penas a tres años y seis meses.

Mención aparte merecen las multas económicas . La acusación particular ha pedido que por el delito contra los derechos de los trabajadores una multa de diez meses a razón de treinta euros al día , lo que da una cifra de 9.000 euros. Por cada uno de los delitos de fraude, se reclama una sanción del triple de la cantidad defraudada . El fiscal del caso ha optado por pedir al tribunal que, cuando emita sentencia, condene a cada uno de los directivos de Guadalquivir Futuro a una pena de nueve meses de multa a razón de veinte euros al día: 5.400 euros. Por cada delito de fraude de subvenciones, reclama una única multa por procesado de 300.000 euros con una sanción de un día de privación de libertad por cada cien euros no satisfechos. Además, reclama que se pierda el derecho a recibir ayudas públicas de cualquier tipo durante cuatro años. La Junta ya sancionó con 46.000 euros, obligó a devolver 300.000 euros y estar cinco años sin recibir ayudas públicas, periodo que cumple en el año 2021. Ese régimen administrativo solo vincula a las solicitudes de la propia Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que emitió la sanción.

El Juzgado de Instrucción tiene que resolver la petición de Podemos , que también ejerce acusación, sobre su solicitud de que no se cierre la investigación y se realicen otras diligencias. La representación del partido que dirige en Andalucía Teresa Rodríguez entendía que aún se pueden realizar aclaraciones sobre qué decisiones políticas llevaron a que unas organizaciones sociales, sin directivos cualificados pero con unos profundos agarraderos en el PSOE recibieran cientos de miles de euros de proyectos públicos . La auditoría realizada en su momento a lo que se conserva de las cuentas de la organización impidió dar luz alguna. Los peritos elegidos por el juzgado afirmaron que la situación de las cuentas de la entidad era un auténtico ejemplo de caos y descontrol contable. Algunas de las organizaciones que integraban la fundación ni siquiera llevaban una contabilidad que permitiese conocer cuánto recibían, cuánto pagaban o a qué dedicaban las ayudas públicas de las que se nutrían de forma preferente.