La Diputación sí confiará al Colegio de Abogados el asesoramiento por desalojos

Según el borrador del convenio, el Colegio no recibe un euro y la Diputación se limita a abonar las minutas de los letrados a los que, por estricto orden, se le asignen los casos.

Se trata de un sistema distinto al municipal porque, en principio, la atención directa la llevarán los abogados de la Diputación . Ellos serán quienes reciban el asesoramiento de los colegiados que disponen de más herramientas. Realizarán las primeras gestiones, encauzarán el asunto y traspasarán el caso bien al abogado que se designe de pago o al que ofrece el turno de oficio. Existe un borrador del acuerdo que se pondrá en marcha en cuanto se apruebe la oficina en el próximo Pleno de la institución.

Una iniciativa similar empezó a negociarse por los concejales Rafael del Castillo (IU) y Rafael Blázquez, que participaron en algunas sesiones con la entidad profesional. Las conversaciones se cortaron y se produjo el contrato con las dos abogadas a las que se asignó una partida por debajo de los 3.000 euros a cada una para superar la cuantía en la que es preciso, al menos, pedir tres ofertas económicas.

El acuerdo fue puesto como ejemplo por el PP de lo que se debe hacer para evitar acusaciones de falta de transparencia como las realizadas ayer por la edil María Jesús Botella, quien cargó contra el equipo de gobierno por haber realizado estas contrataciones que suponen «una privatización de servicios » y un mayor coste para el Consistorio. La edil vinculó la presencia de ambas profesionales, de cuyos conocimientos no dudó, en los servicios que se prestan en la Oficina de Defensa de la Vivienda con su relación con Stop Desahucios o Ganemos. « Es un escándalo », afirmó.

La edil de Hacienda, Alba Doblas (IU), calificó ayer de « temeridad » que se afirme que los contratos se realizaron «a dedo». Advirtiendo que no conocía el desarrollo concreto del expediente, la teniente de alcalde dijo estar segura de que se han seguido todos los pasos para la realización del decreto, que finalizó el 31 de diciembre de 2015.