La Diputación de Córdoba rompió dos veces la custodia de los exámenes de las oposiciones a bombero

Según las diligencias previas del juez José Luis Rodríguez Lainz, por las que imputa a cerca de una veintena de personas, entre ellas la responsable política del ente, Dolores Amo , a la sazón número dos del PSOE cordobés; al gerente, Juan Carandell ; al director técnico de este organismo de la institución provincial y al senador y alcalde de Priego, José Manuel Mármol (PSOE), la cadena de custodia de los exámenes se rompió en dos ocasiones , vulnerando así las garantías legales para la corrección de los mismos así como las cautelas para que no se puedan ni manipular ni filtrar datos al respecto en la parte más importante de cualquier prueba selectiva.

A las oposiciones se apuntaron 1.738 personas para esas 54 plazas en liza de las que fueron admitidas un total de 1.486 para hacer la primera prueba: un test teórico. Ese ejercicio se realizó en una veintena de aulas del Campus de Rabanales a mediados de febrero de 2017. Sólo 252 aspirantes fueron excluídos de partida en el procedimiento, según consta en el expediente oficial.

Como ha venido informando ABC, las oposiciones se crearon a medida para poder consolidar la plaza de 54 interinos ya contratados en el Consorcio de Bomberos . Se pactó con la dirección política y técnica del ente, tal y como relata en su auto el togado, el fin de las pruebas, se encargaron a medida los temarios a varios bomberos interinos que ya trabajaban allí y optarían después a las plazas, se arbitró la mediación sindical de UGT -previo acuerdo para que ganara por unanimidad la representatividad sindical en la mesa- como enlace para lograr el cometido propuesto, se filtraron preguntas y respuestas de manera descontrolada, se presionó para incluir y aprobar a aspirantes... El juez llega a decir en su escrito «pactándose todas las facilitades incluso con directa y grotesca contravención de la ley».

El exámen teórico se realizó en hojas que tenían impresos los datos personales de cada opositor, circunstancia que ya choca dadas las reservas con las que se realiza cualquier tipo de ejercicio de competencia pública. Según describe Rodríguez Lainz en el curso de los hechos, «el ejercicio era introducido, una vez finalizado, en un sobre identificado en su exterior con un sistema de códigos».

Todo ese material, esto es, centenares de exámenes convenientemente cerrados, tenían luego como destino una empresa de Madrid contratada por la Diputación para llevar a cabo las pertinentes correcciones de manera aséptica.

Sin embargo, y por encargo, dice el juez, de la secretaria del propio tribunal de las oposiciones, los ejercicios «fueron escaneados previamente y de manera íntegra en dependencias de la Diputación Provincial por una administrativa de la institución».

El objetivo de esta acción era filtrar los resultados de las propias pruebas con anterioridad «a la recepción de la corrección realizada por la empresa contratada en dependencias del Consorcio; cuando debía haberse procedido a su apertura y lectura en un acto público convocado a tal efecto», argumenta Rodríguez Lainz.

El 97 porciento de los concurrentes a la prueba la aprobó . Todos los interinos que se presentaron la superaron igualmente, menos tres de ellos. Alguno de los testimonios recabados por el Juzgado durante la investigación constata ese «modus operandi».

Tiempo después llegó el turno del test psicotécnico, cuyo contenido también se fue filtrando paulatinamente en reuniones organizadas en diferentes puntos en las que se llegaba a proyectar las preguntas y respuestas y a dar indicaciones sobre materias específicas que iban a ser muy tenidas en cuenta, como viene informando este periódico.

«Al igual que sucedió con el ejercicio teórico, el psicotécnico también fue escaneado en dependencias del Consorcio antes de remitirse a la empresa encargada de su corrección», recoge el auto judicial.

Cuando la firma externa contratada hizo su trabajo, los resultados fueron remitidos a Córdoba el 4 de julio de 2017 apareciendo algunos interinos no aptos. Esto dio pie a la presentación de algunas reclamaciones y a que el tribunal admitiera no haber establecido criterios previos de corrección, dando muy pocas facilidades a los alegantes para poder ver sus exámenes.

Esta nueva vulneración de la cadena de custodia es ratificada, entre otros, por el psicólogo responsable de la prueba psicotécnica que además agrega que «los exámenes venían con el nombre y el DNI del examinado».

Las pruebas físicas y las de conducción no se salvaron de la quema. En las primeras, la investigación revela que se permitió a los aspirantes lesionados flexibilidad para hacerla, una norma no recogida en la convocatoria de la oposición.

Y en cuanto a la segunda, el titular del Juzgado de Instrucción número cuatro, recoge las denuncias de algunos aspirantes de que «igualmente habrían sido objeto de filtración previa la forma de puntuar y la consigna a los examinadores de favorecer a los interinos».