Cosmos tendrá que cerrar si se revoca la autorización ambiental

El anuncio de la Junta de Andalucía de que revisará el permiso una vez modificado el planeamiento es coherente con la decisión municipal de impedir, por una parte, la incineración de residuos no peligrosos y, por otro, de impulsar el cambio de catalogación del suelo donde se encuentra la factoría cementera, que abrió sus puertas en los años treinta del pasado siglo.

La revisión de la autorización ambiental supone un cambio global de reglas por la razón de que es un permiso integral. Efectivamente, legaliza la sustitución parcial de combustible con un tope de un 30 por ciento del total. El problema es que también permite desarrollar la actividad ordinaria alimentando las calderas con coque. Es el documento válido que permite abrir la fábrica todos los días y señala aspectos como las emisiones permitidas, el ruido posible, las medidas de seguridad para la población o cómo se realizan y de qué forma hay que pasar los controles oficiales.

El supuesto más parecido es el de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, que tiene una cementera de Portland a escasos metros de una barriada periférica. La Junta autorizó en 2014 la modificación del permiso ambiental para que se produjese la quema de residuos previo informe municipal positivo. El Consistorio decidió que la quema de este combustible solo era posible a dos kilómetros del casco urbano cuando la planta se encuentra a kilómetro y medio.

En este caso, la Consejería de Medio Ambiente no ha procedido a ninguna modificación o revocación de lo aprobado. De hecho, existen dos realidades administrativas paralelas: un permiso autonómico que sí permite quemar residuos y un planeamiento municipal que impide lo mismo que la Junta autorizó. El asunto se dirimirá en los tribunales de justicia. La empresa propietaria de esa cementera ya ha anunciado la interposición de un recurso para que quede aclarado cuál es la realidad oficial que tiene prioridad. Portland entiende que la autorización de la Consejería de Medio Ambiente tiene rango superior que la modificación del Plan General realizada por la corporación municipal.