Tres causas y dos veces en el banquillo

Acusación. El instructor del Supremo, Luciano Varela, imputa a Garzón un delito de prevaricación por haber decidido «conscientemente ignorar u orillar» la Ley de Amnistía al declarar su competencia para investigar los crímenes del franquismo. La Fiscalía no ve delito y ha pedido el sobreseimiento de la causa.

Delitos. El delito de prevaricación que se atribuye a Garzón es el previsto en el artículo 446.3 del Código Penal, y está castigado con penas de multa de 12 a 24 meses y penas de inhabilitación de entre 10 y 20 años.

Causa sobre la estancia en Nueva York

Querellantes. Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón presentan

una querella contra el juez, que es admitida a trámite por el Supremo

el 28 de enero de 2010 .

Acusación. Se le imputa haber recibido dinero procedente del Banco de Santander durante su estancia académica de quince meses (del 1 de marzo de 2005 hasta

el 1 de julio de 2006) en Nueva York, donde impartió clases en tres instituciones universitarias. El magistrado siempre ha negado que cobrara del dinero aportado por dicha entidad a la universidad neoyorquina, así como haberse ocupado personalmente de conseguir la financiación. De las tres causas abiertas, es la única que sigue en fase de instrucción. El fiscal tampoco ve delito y ha pedido el archivo de las actuaciones.

Delitos. Los querellantes le atribuyen la comisión de los delitos de cohecho, prevaricación y estafa.

Causa sobre las escuchas de «Gürtel»

Querellantes. Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado de uno de los imputados de «Gürtel». Su querella fue admitida el 25 de febrero de 2010 .

Una semana después, se personó como acusación particular Francisco Correa, presunto cerebro de la trama de corrupción desmantelada por Garzón.

Acusación. Haber ordenado grabar las comunicaciones mantenidas en los locutorios de la prisión por los tres principales imputados (Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez) con sus abogados y con los letrados de otros implicados en «Gürtel». Se cuestiona que, gracias a esas escuchas, el juez, la Fiscalía y la Policía tuvieran conocimiento de datos confidenciales relativos a la estrategia de defensa de los imputados. Garzón siempre ha defendido que trataba de determinar el grado de imputación de ciertos abogados, sobre los que tenía la sospecha de que colaboraban con la trama. El fiscal no acusa.

Delitos. Delito continuado de prevaricación y delito de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.