Un proceso sembrado de mentiras
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Un proceso sembrado de mentiras

El Gobierno negó que hubiera negociación, luego que hubiera precio político, después pactos de impunidad...

MADRID Actualizado:

Al tiempo que José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba aseguraban que el Gobierno no dialogaría con ETA hasta que no abandonara definitivamente las armas, enviaban emisarios a Ginebra, Oslo... a fin de acordar con los representantes de la banda terrorista impunidad para la ilegal Batasuna y los pistoleros; candidaturas de ANV en las elecciones municipales de 2007 o un órgano común para el País Vasco y Navarra, entre otras cuestiones políticas.

Ello redujo al máximo el margen de maniobra del Ejecutivo, porque se había comprometido ante los etarras a no practicar detenciones, lo que, al mismo tiempo, le llevó a mentir durante todo el «proceso de paz».

Antes de la declaración de «alto el fuego permanente», difundida el 24 de marzo de 2006, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero encubrió, cuando no negó, cualquier contacto con la banda terrorista. Sin embargo, tales contactos, primero a través de Batasuna, comenzaron antes de que el PSOE accediera a La Moncloa en las elecciones de 2004. Tras el triunfo socialista, las conversaciones tomaron un nuevo impulso, ya con Jesús Eguiguren y José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, «Josu Ternera», como interlocutores. El Gobierno negó una y otra vez las informaciones de ABC sobre los sucesivos encuentros que a lo largo de julio de 2005 tuvieron como escenario un hotel de Ginebra, en el que «Josu Ternera» y Eguiguren comenzaron a consensuar el anuncio de «alto el fuego permanente» y la posterior declaración de Zapatero ante el Congreso anunciando el inicio del «proceso de paz. También desmintió la existencia de las reuniones que los mismos personajes trasladaron a Oslo para ahondar en los preacuerdos, pese a que el Gobierno noruego comenzó a confirmarlos.

Tras el anuncio de «alto el fuego permanente», el Ejecutivo se apresuró a decir que el Estado de Derecho no estaba en tregua, que no se iba a pagar precio político y que se tomaba un tiempo para «verificar» la autenticidad de la declaración difundida por la banda. Pocos días después, los «borrokalaris» calcinaron la ferretería de un concejal de UPN en Pamplona y una compañía de seguros en Guecho, y el Ministerio del Interior puso en duda que ETA estuviera detrás.

¿Cómo iba a ser sincera la verificación si en aquellas conversaciones de julio de 2005 el Ejecutivo de Zapatero garantizó a ETA que a partir de que anunciara la tregua, reduciría la presencia policial en los controles y aceptaría a Batasuna en la vida política?, según las actas de «Thierry» adelantadas por el diario «Gara» en junio de 2007. Ello en el mismo encuentro en el que la organización criminal advirtió que «si se incumplen las garantías, el alto el fuego se romperá». ABC se hizo eco en diversas ocasiones de que el Ejecutivo y la banda habían acordado esa impunidad.

En junio de 2006 se llevaron a cabo nuevas reuniones a instancias de ETA. Los terroristas reprocharon al Gobierno que se siguieran practicando detenciones —Faisán— y que Zapatero declarara en una emisora catalana que «solo hablaré con ETA de su disolución y del futuro de sus integrantes», de acuerdo con la versión que en su día dio «Gara» y de la que se hicieron eco los medios de comunicación. Los emisarios de Moncloa respondieron que los arrestos de etarras, como en el «caso Faisán», eran «accidentes importantes» e intentaron justificarlos con argumentos como que es difícil cerrar sumarios judiciales en marcha, los jueces son «instrumentos del PP» y que no contaban con la presión del propio PP y de la AVT. Incluso calificaron de «disparate» el proceso contra Ibarretxe por reunirse con Otegi. Para calmar a la banda, el representante de Zapatero dijo que «trabajamos para que Batasuna sea legal» en septiembre-octubre». Zapatero se había comprometido en la declaración hecha en el Congreso, que mantendría la Ley de Partidos. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, valoró la operación contra la red de chantajistas que operaban en el bar Faisán como una «investigación» iniciada mucho tiempo atrás.

Y los hechos han demostrado que, pese a los desmentidos del Gobierno, la organización criminal exigía un precio político que el Ejecutivo llegó a pagar, aunque no lo suficiente para hacer irreversible la tregua. El 16 de octubre de 2006, cuando ya se habían celebrado varios contactos en junio, el Gobierno aseguraba que sólo abriría la negociación tras «un paso público y definitivo» de ETA, esto es, que declarara «irreversible» el «alto el fuego permanente» anunciado en marzo. Ese día, ABC desvelaba que PSE, PNV y Batasuna habían logrado ya un preacuerdo para debatir en la «mesa de partidos políticos» que, según la «hoja de ruta» de Anoeta, estaría controlada por la banda.

El 27 de octubre. un día después de que ETA robara pistolas en Francia y un mes después de que tres encapuchados lanzaran siete disparos al aire en Oyarzun como muestra de poderío, Gobierno y ETA hablaron sobre «accidentes», esto es, detenciones, que el correo de Zapatero aseguró que no se volverían a practicar.

Tras la salvajada de la T-4, tanto Zapatero como Rubalcaba aseguraron de manera contundente que los «puentes estaban rotos» y que no había ya proceso de negociación. Pese a ello, hubo más reuniones. Por ejemplo, la celebrada en abril de 2007, en la que, tal y como destacó ABC en su portada del 13 de mayo de ese año, el Gobierno transmitió a ETA que veía bien la fórmula de ANV para que Batasuna se colara en las elecciones municipales, aunque le hizo saber que las listas debían ser «limpias». Cuando se colaron la mitad de las candidaturas, pese a estar contaminadas, el Ejecutivo y la Fiscalía aseguraron que no había habido las pruebas suficientes para impugnarlas. En junio, y pese a los desmentidos, el Gobierno prometió a ETA «distensión».

La negociación, paso a paso

El periódico desvela las reuniones previas a la negociación (7-x-2006)

Los primeros datos. ABC informa de que «Enviados del Gobierno y de ETA preparan en Oslo la negociación». El presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y el jefe etarra Josu Ternera, mantienen cuatro entrevistas en Oslo y Ginebra para preparar la negociación. En esas citas previas se llega al acuerdo de que la banda denomine a la tregua «alto el fuego permanente», lo que tuvo su concreción en marzo de 2006.

Lo que dicen las actas. En los documentos intervenidos a la banda se precisa que las reuniones se remontan a noviembre de 2005 y se confirma la participación en las mismas de Ternera y Eguiguren. Se ratifica igualmente que la expresión que utilizará ETA para anunciar su tregua será la de «alto el fuego permanente» y el Gobierno acepta a la ilegal Batasuna como interlocutor.

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Adelanta la creación de la mesa de partidos con la ilegal Batasuna (16-X-2006)

Mesa de partidos. ABC informa de que el Gobierno formará una mesa de partidos, con Batasuna, con la creación de un órgano común del País Vasco y Navarra como telón de fondo. Además, precisa que «El Gobierno abrirá la negociación tras “un paso público y definitivo” de ETA. Asimismo, se precisa que «Zapatero espera un comunicado que declare “irreversible” el “alto el fuego permanente”».

Lo que dicen las actas. En los documentos intervenidos a la banda sobre la reunión del 22 de junio de 2006 se afirma que el Ejecutivo trabaja para la legalización de Batasuna. Y sobre la de julio de ese mismo año se señala que «el Gobierno pide que ETA publique un comunicado positivo». Se afirma además que el Ejecutivo «venía con cálculos electorales».

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ABC denuncia la sumisión de la Fiscalía al «proceso» (17-X-2006)

Papel de la Fiscalía. ABC informa de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha decidido poner la Fiscalía al servicio del llamado «proceso de paz». Como parte de esa estrategia está la decisión de principios de año de sustituir a Eduardo Fungairiño por Javier Zaragoza como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que considera el Gobierno más favorable a sus planteamientos.

Lo que dicen las actas. En los documentos intervenidos a la banda sobre la reunión del 22 de junio de 2006 el Ejecutivo se jacta de los cambios en la Fiscalía, que ponen como prueba del compromiso del Gobierno con el proceso de negociación. De hecho, los enviados de Zapatero afirman que el Ministerio Público «ha tenido una actuación positiva salvo en una ocasión».

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ETA exige al Gobierno impunidad para sus jefes (30-X-2006)

Impunidad judicial. ABC informa de que la banda terrorista exige al Gobierno «garantía de impunidad judicial para sus dirigentes», que para entonces ya se han desplazado del sur de Francia. Asimismo, precisa que ETA «reclama a Zapatero que desactive a los jueces si quiere la “desmilitarización”» y señala que el robo de armas en Vauvert es una respuesta a las decisiones del TS y de la Audiencia Nacional.

Lo que dicen las actas. En los documentos intervenidos a la banda sobre la reunión de junio de 2006 se afirma que «ni jueces ni policías están de brazos cruzados». En cuanto a la reunión del 27 de octubre, ETA reconoce que robó las armas y que es una contestación a las detenciones habidas. Además pide al Ejecutivo que congele los procedimientos judiciales.

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Las negociaciones entran en una fase crítica (21-XII-2006)

La antesala de la T-4. ABC informa de que las negociaciones con la banda se encuentran en un mómento de máxima tensión. Y lo hace con el siguiente titular: «El Gobierno y ETA se dan una prórroga en el peor momento del “proceso”». En esa misma información se precisa que los terroristas esperan un gesto del Ejecutivo o, en caso contrario, romperan su «alto el fuego permanente».

Lo que dicen las actas. En los documentos intervenidos a la banda sobre la reunión de julio de 2006 los terroristas afirman que la situación es «extrema». El caso del pistolero José Ignacio de Juana Chaos está en su apogeo —al mes siguiente se pone en huelga de hambre—, y además ETA exige la inemdiata puesta en libertad de los presos enfermos de gravedad.

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Los compromisos del Gobierno con la banda asesina (23-III-2007)

Los acuerdos. ABC informa de las exigencias de Batasuna a Zapatero para que cumpla los acuerdos a los que había llegado con los terroristas. Entre ellos, de forma especial, estaban la creación de la mesa de partidos, una solución para los presos de la banda y la impunidad judicial. Para entonces ya se había perpetrado el atentado de la T-4 en Barajas, que sin embargo no detuvo las negociaciones

Lo que dicen las actas. En los documentos intervenidos a la banda que hacen referencia a las reunines mantenidas entre ETA y el Ejecutivo tras el salvaje atentado de Barajas, los terroristas recuerdan al emisario del Gobierno que se había llegado a un acuerdo y pide que se vuelva a reunir el PSOE con Batasuna para buscar un compromiso político.

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El Gobierno retoma el diálogo con ETA tras la salvajada de la T-4 (13-V-2007)

Sigue el proceso. ABC informa de que el Gobierno se había vuelto a reunir con ETA para retomar el proceso tras el atentado de la T-4 en Barajas. El Gobierno, por boca de su presidente, Rodríguez Zapatero, y de su ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, habían negado por activa y por pasiva que se continuara negociando con los terroristas.

Lo que dicen las actas. En los documentos intervenidos a la banda se asegura que hay una reunión entre marzo y abril, posterior a otra de los socialistas vascos con Batasuna, en las que ETA exige seguridad para el futuro y precisa que hay que retomar el proceso. Los representantes del Gobierno advierten a la banda que «el acuerdo político es posible». Se propone que Batasuna cambie de estatutos (antecedente de Sortu), y una etapa sin atentados.

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Se confirman las informaciones adelantadas por ABC (24-VI-2007)

Se confirma lo publicado. Una recopilación de las actas difundidas por «Gara» en junio de 2007 confirman las informaciones. Por ejemplo, que desde el principio Gobierno y ETA pusieron sobre la mesa cuestiones políticas, que incluían a Navarra, así como la impunidad para los terroristas y dirigentes de Batasuna, que tenían abiertos varios procesos. El Ejecutivo trabaja para rehabilitar Batasuna.

Lo que dicen las actas. En la versión de la banda terrorista se asegura, por ejemplo, que en la primera reunión tras el atentado de la T-4 el representante del Gobierno propuso que Batasuna se presentara a través de ANV en los comicios municipales de 2007. La banda respondió que esa formación ya era legal y por tanto con derecho a concurrir a las urnas.

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