El PP endurecerá su política contra ETA y exige su disolución

El Ministerio del Interior reduciráel número de escoltas para adaptarse al descenso de la amenaza terrorista

P. CERVILLA

20/01/2012 a las 02:13h.

El Partido Popular va a dar un giro a la política antiterrorista, en lo que se podría interpretar como un endurecimiento de su posición frente a ETA. Su objetivo es alejarse de la debilidad que, en su opinión, caracterizó la gestión del anterior Gobierno socialista ... con la banda terrorista. La escenificación de este cambio se realizará en el Congreso Nacional del PP, que se celebrará en Sevilla del 17 al 19 de febrero, y dentro de la ponencia política, que ha sido encargada al presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti; el presidente del PP de Castilla y León, Juan José Lucas, y el de Melilla, Juan José Imbroda. En la misma línea de lo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha venido asegurando en los últimos meses, los redactores de este documento apuestan por la «disolución incondicional de ETA y el cumplimiento de la ley», subrayando que «no hay ningún demócrata» que puede conformarse con otra cosa que no sea este final.

Tampoco habrá ninguna concesión a los terroristas. El PP quiere poner fin a la ambigüedad que, a su juicio, el Gobierno socialista ha exhibido en su relación con la banda, subrayando que en esta formación política «tenemos muy claro que la extorsión o el asesinato no pueden servir para que quienes lo ejercen o dejan de ejercerlos obtengan concesiones». Además, rechazan «la amnistía y la impunidad», señalando que «no tienen cabida en la Constitución y son incompatibles con el fortalecimiento y el prestigio de la democracia».

Las víctimas también estarán muy presentes en la nueva política del Ejecutivo de Rajoy. Los populares quieren destacar su «afecto, respeto y reconocimiento a los que considera un referente en la lucha contra ETA». Es este colectivo el que entiende que debe ser «reconfortado con la certificación de que ETA no alcance los objetivos por los cuales acosó o asesinó a sus familiares». Para hacer justicia con ellos, piden «la restitución de los derechos políticos de miles de vascos desterrados por las consecuencias de la amenaza y la extorsión del entramado terrorista».

Esta ponencia aborda la recuperación de «la idea de la Nación española», tras un periodo en el que era «un concepto discutido y discutible» así como puesta en valor de «las conductas ejemplares y la gestión pública rigurosa». Esta «desafección de una parte importante de la ciudadanía hacia los políticos» sería consecuencia de «la corrupción, el derroche de dinero público o la creación de problemas políticos donde no existían».

Mientras, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, se reunió ayer con los representantes de los sindicatos policiales. El Ministerio del Interior está estudiando una importante reducción de las plantilla de escoltas, ante el descenso de la amenaza terrorista. El Gobierno vasco ya está reestructurando su despligue, lo que ayer provocó la movilización de un centenar de escoltas, que protestaban por la aprobación de expedientes de regulación de empleo que supondrán la desaparición de unos 1.400 guardaespaldas en el País Vasco.