Denuncian ilegalidades de Hacienda en la gestión de 50 millones para la cooperación

La primera de las irregularidades que denuncian afecta a Carmen Albertos, la funcionaria internacional del BID que gestiona este fondo, miembro de la Comisión ejecutiva de la Agrupación del PSOE en Washington, según consta en el informe. Los denunciantes aseguran que este fondo tiene que ser controlado y gestionado por una funcionaria española de la Administración General del Estado, y no por una funcionaria internacional, que, además, no puede desempeñar un cargo político electivo en la citada agrupación socialista . En este sentido, advierten que está incumpliendo el Código Ético del BID que afirma que «los empleados no podrán participar en actividades políticas o partidistas que impliquen la candidatura, aceptación o nombramiento a un cargo público o político», debiendo renunciar el empleado a su cargo en el Banco antes de participar en dichas actividades o aceptar dichos cargos. Sin embargo, estos trabajadores afirman que «el Ministerio de Economía, que conoce el Código de Ética del BID, mantiene como gestora del FGE a Carmen Albertos».

La segunda irregularidad se refiere a la delegación de autoridad que el ministerio ha hecho a favor de Carmen Albertos para «la aprobación de cooperaciones técnicas por importe de hasta cien mil euros cada una de ellas». Advierten que «esta delegación de autoridad se concedió a favor de una persona que no es ni autoridad pública española ni funcionaria de la Administración General del Estado, sino que es funcionaria internacional del BID. Dicha delegación no ha sido publicada en el BOE».

La tercera irregularidad es «la ausencia de fiscalización del Ministerio de Economía» a estos fondos, e ironizan sobre la situación que se está produciendo: «La fiscalizadora fiscalizada». Según estos trabajadores, la fiscalización de estos fondos le corresponde a la funcionaria española Cristina López Mayher, pero esta, «en realidad, depende y reporta a esa funcionaria del BID, Carmen Albertos». Finalmente, denuncian la «falta de control del inisterio que no evalúa ni el impacto ni la eficacia de los proyectos de cooperación, tal y como reflejan los informes anuales de 2008 y 2009».