ERC y el PDECat desoyen los gestos del Gobierno y mantienen sus proclamas

Para Artadi, lo sucedido en octubre son «ventanas de oportunidades que permiten hacer efectiva la república » y confía en que, tras este fiasco, el nuevo Gobierno de España permita abrir nuevas «ventanas». «El mes de octubre fue un momento de gran movilización social y política. La voluntad de una gran mayoría del país sigue existiendo y no se ha olvidado porque ahora no esté Mariano Rajoy en el Gobierno», añadió la portavoz de la Generalitat, que, además, aseguró que en la reunión que mantendrán Torra y Pedro Sánchez el próximo 9 de julio se tratarán sobre todo dos temas: el derecho que, en su opinión, tiene Cataluña a la secesión y la situación de los «presos políticos», es decir, de los políticos independentistas encarcelados.

En esta línea, Artadi advirtió al presidente del Gobierno de que el 1-O no se va a olvidar e indicó que espera que Sánchez no se refiera -cuando pide pasar página al 1-O- que «los catalanes abandonden el derecho a la autodeterminación que tienen». Para demostrar que el gobierno catalán no está por la labor de dar un paso atrás, el Consejo Ejecutivo de la Generalitat aprobó ayer la reapertura de las delegaciones autonómicas (las llamadas «embajdas catalanas») en el Reino Unido e Irlanda, Alemania, Italia, Francia, Suiza y Estados Unidos. Y nombró delegada ante la Unión Europea (en Bruselas) a la exconsejera de Agricultura y fugada de la Justicia española, Meritxell Serret. Además, Ferran Mascarell volverá a la delegación de la Generalitat en Madrid.

Por otro lado, la Mesa del Parlamento catalán aprobó, en su reunión de ayer, admitir a trámite la moción presentada por la CUP que pretende ratificar la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015, que antepone al cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) la decisión que determine el Parlamento autonómico, anulada por el TC.

Pero las declaraciones de Artadi y los movimientos de las instituciones catalanas no son el único problema de un Sánchez que se comprometió en la moción de censura a resolver el conflicto territorial. Ayer el Congreso de los Diputados fue el escenario del primer desencuentro entre el PSOE y los partidos independentistas . El desacuerdo se produjo a raíz de una moción presentada por el grupo de ERC en la que pretendía que el Congreso instara al Ejecutivo a «establecer un diálogo bilateral con el Govern de la Generalitat de Cataluña, sin condiciones ni renuncias». Los socialistas votaron en contra de la moción.

El portavoz del grupo, Joan Tardá, instó a Sánchez a «valorar el precio de no aceptar que el diálogo sea sin condiciones». «Si ustedes no están dispuestos a asumir algo tan elemental como que todos no sintamos integrados en el diálogo, no esperen colaboración», a sabiendas de la debilidad parlamentaria del PSOE. Tras el debate, fuentes de ERC admitieron que las relaciones con los socialistas quedaban «tocadas» y que el primer intento de diálogo había resultado «un fracaso». Desde Vitoria, el Gobierno vasco también presiona a Sánchez para que aligere tanto la transferencia de competencias como el acercamiento de presos. Apenas un día después de reunirse con el nuevo presidente, el lendakari, Iñigo Urkullu, reclamó a su gabinete la creación de sendas comisiones bilaterales con el Estado para acabar «lo antes posible» con la política de dispersión de los reclusos etarras y hacerse con la gestión de las prisiones y del régimen económico de la Seguridad Social, informa Adrián Mateos . Desde Berlín, y lejos de esconder sus intenciones, Sánchez defendió sus recientes contactos con el gobierno vasco, asegurando que «ETA desapareció y por tanto la política penitenciaria sobre los presos de ETA ha de ser revisada», informa Rosalía Sánchez .