Vuelo Las Palmas-Madrid: cinco senegaleses detenidos con pasaportes falsos

El departamento de Escrivá se ocupó de dos vuelos en los que viajaban un total de 24 personas acogidas al sistema de protección, que fueron atendidas por ONG y trasladadas a distintos centros próximos a la capital, según confirmó la Secretaría de Estado de Migraciones. Procedentes de Mali, Burkina Faso y Gambia cumplían «con creces» los criterios de especial vulnerabilidad.

Pero también hubo otro grupo ajeno en principio a dichos criterios. Estaba formado por 22 varones, marroquíes y senegaleses, a los que la Policía Nacional sometió a un exhaustivo filtro tras aterrizar el vuelo . De ellos solo cuatro se atenían a los criterios que están permitiendo los traslados a la Península. Cinco senegaleses fueron detenidos por usurpación de identidad, ya que portaban documentación falsa (se instruyeron diligencias) y a otros trece varones, la mayoría marroquíes, se les trasladó a la Brigada de Extranjería de Madrid por infringir algún precepto de la ley de Extranjería. Algunos tenían orden de expulsión (que no expediente) en vigor u otra cuenta pendiente en relación a sus documentos.

Las fuentes consultadas explican que es «imposible» un control exhaustivo en Canarias, donde los recursos policiales están al límite , y aun así, insisten, se está frenando la salida de las islas de inmigrantes que no cumplen los criterios e intentan colarse. Ese mismo día, viernes 11, se impidió la salida de las islas de 191 individuos que pretendían embarcar en vuelos a la Península o en un barco, según datos oficiales.

En ese caso se aplicaron las restricciones frente al Covid-19; es decir, no podían acreditar que viajaran por motivos laborales, familiares, etc. y tampoco humanitarios. Además otros quince migrantes fueron ingresados esa misma jornada en el CIE de Las Palmas, tras ser detectados, y uno más fue detenido por suplantación de identidad, es decir, con pasaporte falso.

La detención de los cinco senegaleses en Barajas y las otras trece personas que infringían la ley de Extranjería demuestra que se están aplicando controles policiales en origen y en destino , una circunstancia que han denunciado algunos sindicatos policiales como Jusapol porque, según sostienen, «es una medida arbitraria, que podría acarrear consecuencias judiciales contra los propios policías». Interior alega que estos filtros son imprescindibles y los encajan en el control de la pandemia.

El de Madrid no ha sido el único caso. Como informó ABC, se han llevado a cabo esos controles, con apoyo de las Brigadas de Extranjería, en vuelos procedentes de Canarias que han aterrizado en los últimos días en Granada, Málaga y Valencia, por ejemplo. En Málaga también se produjo una detención por un pasaporte falso.

Hay que destacar que estos inmigrantes no están englobados en el sistema de acogida . Aunque llegaran de forma irregular a Canarias, una vez identificados, se les abre expediente de expulsión, pero si no tienen orden de que se proceda a la misma ni se dan otras circunstancias cuentan con libertad deambulatoria.

Una más de las dificultades que se están encontrado los agentes especializados en las islas (algunos llegados desde la Comisaría General de Extranjería y Documentación) es poder distinguir entre pasaportes auténticos que han sido modificados (la fotografía u otro dato) y soportes directamente falsificados con mayor o menor acierto. Nadie duda de que mafias de todo tipo estén intentando hacer su agosto y aprovisionando de documentos falsos a todo aquel que pueda pagarlos. Tampoco se sabe si algunas de estas falsificaciones han podido producirse en origen. La misma organización que dispone el viaje, la patera o cayuco y los víveres, suministra los papeles, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Pese a que el Gobierno mantiene discursos contradictorios, la evidencia es que se sigue apostando por el sistema de protección y acogida mientras se negocia para poder repatriar y devolver cuantos más «sin papeles» mejor. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer otra partida de 53 millones de euros para mejorar la atención de los solicitantes de protección internacional que residen en España. Se concederán además 30 millones de euros a Cruz Roja para su labor asistencial.