Las víctimas exigen disolución, justicia y la «deslegitimación moral» de la banda
Recuerdan a Francia y España que, si es el fin de ETA, «aplicar la ley no es negociable»
LAURA L. CARO
Un fin de ETA «sin concesión alguna» , con «aplicación estricta de la ley» para evitar cualquier sombra de impunidad y que exija la colaboración judicial de los pistoleros para poder esclarecer los más de trescientos asesinatos que aún quedan pendientes de resolver.
Son ... las reclamaciones clave que las víctimas del terrorismo plantearon ayer en un comunicado muy dirigido a los gobiernos de España y Francia, a los que recuerdan que si hay un final de ETA «los principios que inspiran el Estado de Derecho» son obligados, que imponer la ley «no es negociable», y que la colaboración entre un país y otro ha sido «pilar esencial» en este desenlace, todavía por ver. Particular preocupación muestra el escrito por lograr la «deslegitimación política, social y moral» de los terroristas mediante el «respeto al relato verdadero». Solo así, certifican, «la derrota de ETA será total».
A falta de horas para el presumible desarme de la banda se difundía este documento firmado por 26 asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo y también se hacían públicas unas palabras del titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, en las que reiteraba que «nada debemos a ETA y nada le daremos» . Revalidaba el ministro en estos momentos de máxima sensibilidad el lema de «Verdad, Justicia y Memoria», y garantizaba que seguirán trabajando para conseguir ese «desarme ideológico» que consiga «que no se difumine el auténtico relato y que toda la sociedad sea consciente de que hubo víctimas y asesinos».
Zoido habló así durante la entrega el viernes de la Gran Cruz de la Real Orden del Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a Enrique Cuesta Jiménez, asesinado en 1982, acto en el que recordó que, ante el «dolor» que la escenificación de ETA pueda provocar, se ha ofrecido a los afectados los medios y profesionales de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
En cuanto al hecho concreto del supuesto desarme, las víctimas subrayan la exigencia de la «disolución incondicional e inmediata» de la banda y una entrega de las armas «total», que -Gobierno y Audiencia Nacional mediante- deberán poder ser analizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tanto «constituyen evidencias judiciales» que pueden servir para despejar los crímenes pendientes ya mencionados.
No olvida el comunicado rendir homenaje precisamente a esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su «esfuerzo profesional y eficaz» y reconocer también la «resistencia» de los amenazados por la banda que no claudicaron.
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