Todos los acusados del juicio del «procés» y las penas que la Fiscalía pide para ellos

Además de alentar a los catalanes a votar en la consulta ilegal, como hizo la mayor parte del Govern de Puigdemont, el que era responasble del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, tomó la decisión de prohibir que un barco en el que viajaba la Policía Nacional atracase en la bahía de Palamós (Gerona). Lo hizo de forma «arbitraria», según considera la Fiscalía en su escrito de acusación previo al juicio. La Fiscalía le acusa del delito de rebelión agravado con malversación, mientras la Abogacía del Estado se limita a sedición y malversación. Como Turull, Rull estuvo casi un mes en prisión a finales de 2017 y volvió a ser encarcelado en marzo de 2018. Fue el único consejero que, al lunes siguiente de la declaración de independencia, acudió a su despacho y presumió de ello. Se sacó una foto «trabajando» en su mesa.

Raül Romeva, cercano a ERC pero sin ser del partido, era el consejero de Relaciones Institucionales y Exteriores. Su cometido fue responsabilizarse de la estrategia exterior del Govern con el fin de legitimar internacionalmente el «procés». Dirigía además el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), según la Fiscalía, «una suerte de cuerpo diplomático paralelo estatal». Actuaba como «lobby» para difundir el «procés» internacionalmente . Bajo la dirección de Romeva se crearon más delegaciones catalanas en el extranjero, webs internacionales para informar del referéndum y se desplegó una campaña internacional con la imagen de la Generalitat. También contrató observadores internacionales para el 1-O. Por todo ello el presupuesto de su departamento se incrementó en un 107 % para 2017. Fue un fracaso: ningún país reconoció la Cataluña independiente. Está en prisión provisional.

Cuando en julio de 2017 el entonces consejero de Interior, Jordi Jané, decidió dejar el Govern ante el desafío que se maquinaba, Puigdemont buscó un sustituto que respaldara sin fisuras la consulta ilegal. Había que encontrar a alguien que impidiese que los Mossos pudiesen frustrar los intentos secesionistas. El elegido fue Joaquim Forn, que se convertiría así en el máximo responsables policiales. Según las acusaciones, dio orden a los mandos policiales -igual que hizo Junqueras- de no actuar contra el 1-O e hizo llamamientos a acudir a votar. Ingresado en prisión provisional, la Fiscalía le acusa rebelión agravada con malversación de fondos.

Como titular de la Consejería de Presidencia, Jordi Turull fue el encargado de desplegar toda la estrategia de propaganda institucional para el referéndum. Según las acusaciones, su departamento fue quien se hizo cargo de los gastos, con fondos públicos. Entre otras cosas, se encomendó al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) la logística para la consulta. Crearon páginas web -algunas de forma duplicada para esquivar la acción policial- y diseñaron programas informáticos para la votación. Al igual que muchos consejeros, jaleó a las masas para que impidieran que el 1-O la Policía pudieran requisar las urnas. Tras no prosperar las candidaturas de Puigdemont y Sànchez a presidir la Generalitat, Turull también lo intentó.

Como presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell votó sistemáticamente a favor de tramitar resoluciones encaminadas a la secesión de Cataluña. Entre ellas, la ley de transitoriedad jurídica y fundacional como «ley suprema del nuevo Estado», que se aprobó en unas turbulentas sesiones el 6 y 7 de septiembre de 2017. También permitió la votación de la declaración unilateral de independencia. Por su papel al frente de la Cámara catalana, las acusaciones le otorgan también el papel de «promotora» del «procés».

El exconsejero de Justicia está en libertad aunque ingresó cerca de un mes en prisión, hasta diciembre de 2017 . Animó a votar el 1-O desobedeciendo al TC pero no asumió un papel protagonista en el desafío.

Líder de la ANC, fue junto a Jordi Cuixart, el promotor del desafío en su vertiente social y callejera. Fueron fundamentales para mantener viva la «estrategia de movilización».

El papel de Jordi Cuixart (Òmnium) fue idéntico al de Sànchez, el otro «Jordi». Según las acusaciones, tuvieron un papel clave en el acoso a la comisión judicial que el 20 de septiembre de 2017 registraba la Consejería de Economía. Son los líderes que más tiempo llevan en prisión. Desde octubre de 2017.

Junto a los exconsejeros Carles Mundó y Santi Vila, Meritxell Borràs -extitular del Departamento de Gobernación - es uno de los tres encausados que se sentarán en el banquillo que ahora no está en prisión, estuvo sí lo estuvo cerca de un mes con anterioridad. Le acusan de desobediencia y malversación.

Santi Vila era consejero de Empresa y, como el resto del Govern, impulsó el 1-O. Muy próximo a Puigdemont, intentó sin éxito que el entonces presidente convocase elecciones para evitar el 155. Fracasó. El secesionismo más radical le considera un traidor.

Dolors Bassa, como responsable de Trabajo y Asuntos Sociales, bajo el paraguas de su departamento ocultó partidas para el 1-O. Desarrolló una base de voluntarios para el referéndum y alentó a la participación.