Todo para Pablo

Su propuesta plantea que su figura mantendría el control sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS ), el Boletín Oficial del Estado ( BOE ) y del Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ). Según el documento, el secretario de Estado que asuma las funciones de director del CNI «será nombrado por el Parlamento y responderá ante él» y «elaborará información para el presidente, el vicepresidente y los Ministerios de Estado (Defensa, Exteriores e Interior)».

También dependerían de él la nueva Oficina de Derechos Humanos del Gobierno con la que tendría vinculación «directa». Su responsable tendrá la condición de secretario de Estado. Este organismo tendría funciones de coordinación de la acción del Gobierno en el desarrollo y protección de los derechos humanos; funciones ejecutivas para velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos, ya sean derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, o derechos relativos a la infancia y la igualdad de género; funciones de coordinación entre los diferentes ministerios a través de una Comisión Interministerial y funciones de coordinación con el Defensor del Pueblo. Actualmente ya existe una Oficina de Derechos Humanos que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Cuatro secretarías de Estado de estado dependerían también del vicepresidente, como hasta ahora: la de Relaciones con las Cortes, la de Lucha contra la corrupción y el crimen organizado (de nueva creación), la Subsecretaría de Estado de Presidencia y la de Comunicación . Desde esta última, el texto deja claro que sería Iglesias quien coordinaría la política informativa del Gobierno y elaboraría tanto los criterios que la determinan como los de las relaciones con los medios. Además, la actual Secretaría de Estado para la Función Pública quedaría adscrita al Ministerio de Plurinacionalidad, Administraciones Públicas y Municipalismo, con el que Podemos quiere impulsar un referéndum en Cataluña.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Lucha contra la Corrupción y Crimen Organizado , contaría entre sus funciones con la «especialización y coordinación» de policías, fiscales, jueces y órganos fiscalizadores de la Administración. Este nuevo órgano contaría con un director general al mando de una Unidad Adscrita de Investigadores, formado por miembros de las fuerzas de seguridad, personal de Hacienda y de Aduanas. Iglesias calificó este proyecto como «la medida más ambiciosa de las que se han tomado en materia de lucha contra la corrupción en la Historia reciente de la democracia». Las funciones de esta nueva Secretaría de Estado abarcaría el ámbito estatal, pero también el autonómico y local.

El organigrama se completaría con un director general de Evaluación y Seguimiento, una Oficina de la Ciudadanía para la Transparencia Institucional, un director general para la coordinación de contrataciones con las administraciones públicas así como «otros organismos e instituciones relacionados a los que se considere necesario dotarles de mayor independencia».

Podemos argumenta que «es necesario que jueces y fiscales dispongan de una auténtica policía judicial». «Para ello y en el desarrollo de la acción anticorrupción, se crearán 'Unidades Policiales Independientes'», dice el documento. Estas «Unidades Independientes» estarían adscritas a los juzgados y no podrán ser apartadas de un caso salvo que lo decidiese el juez al frente a la investigación. Podemos quiere que tengan un estructura independiente y para ello establece que «solo sus puestos directivos de máximo nivel sean nombrados por el procedimiento de libre designación» (cargos de confianza).

Los miembros de las fuerzas de seguridad que integrarían estas unidades deberán tener un grado universitario y contar con más de diez años de experiencia dirigiendo unidades de Policía Judicial. Sus responsables podrán sumar a estas unidades a otros funcionarios en función de criterios como la relevancia o la urgencia de resolución del caso. Solo rendirían cuentas ante el juez «sin tener la obligación de informarles a los mandos policiales de la evolución de las investigaciones ni de los resultados obtenidos"». La Secretaría de Estado que propone Iglesias contaría además con el llamado «Consejo Asesor Anticorrupción» formado por «movimientos asociativos civiles y personalidades de reconocido prestigio en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción».