«Tenemos que hablar»

La novedad son los matices que desvirtúan la pretendida obediencia ciega de los magistrados a los partidos que los propusieron cuando accedieron al Tribunal. Por ejemplo, los progresistas Conde-Pumpido o Encarnación Roca han votado junto al bloque conservador para justificar la medida de prisión provisional adoptada contra Junqueras. Y el presidente del Tribunal, Juan José González Rivas , y el magistrado Pedro González Trevijano , avalados en su día por el PP, se sumaron a la minoría progresista en la votación sobre el Código Civil catalán.

La ruptura en el TC se produce en un momento determinante: en plena negociación entre el PSOE y ERC tras la sentencia condenatoria del Supremo por sedición , y durante la constitución de un nuevo Congreso de los Diputados , que tendrá la obligación de renovar a cuatro de sus doce magistrados. Dos conservadores, González Rivas y Andrés Ollero , deberán salir, al igual que dos progresistas, Encarnación Roca y Fernando Valdés . Y con la nueva composición del Congreso y con un hipotético Gobierno socialista junto a Podemos, la mayoría actual de siete conservadores y cinco progresistas podría quedar alterada.

Sin embargo, todo es susceptible de empeorar. Con los resultados obtenidos en abril, los 66 diputados del PP no tenían capacidad decisoria al respecto. Ahora, con 89 escaños, el PP sí la tiene. Y cualquier hipotética renovación del TC está ahora ligada necesariamente a la del CGPJ y el Tribunal Supremo, frustrada hace justo un año. Por tanto, la gestión de las mayorías en el Constitucional y el Supremo está en manos de PSOE y PP, pero el resultado de cualquier eventual negociación es incierto. Primero, porque las exigencias de los socios de Gobierno que está tratando de atraer Pedro Sánchez hacia su investidura podrían implicar la cesión de cargos relevantes en el CGPJ o el TC al PNV y a ERC. Y segundo, porque la propia composición del Congreso es diabólica, ya que el PP tiene una minoría de bloqueo esencial para cualquier consenso . De hecho, difícilmente el PSOE, con 120 escaños, podrá garantizar que candidatos avalados por Moncloa alcancen las presidencias del TC y del TS. Y cualquier acuerdo en ese sentido con el separatismo vasco y catalán no podrá ser asegurado por Sánchez en la medida en que Pablo Casado tiene una capacidad de veto evidente.

El TC ya se dividió con el proyecto de reforma territorial más relevante de la etapa de Rodríguez Zapatero: el Estatuto catalán . La pretensión del PSOE de que el separatismo acepte recuperar aquel Estatuto para convertir ahora en constitucional lo que no lo fue en 2006 pasaría por imponer una mayoría en el TC que permitiera invertir el actual 7-5 conservador. Pero incluso en el supuesto de que las fuerzas en el Tribunal quedasen igualadas a 6 magistrados tras un acuerdo in extremis PSOE-PP para evitar más bloqueos, resultaría esencial la elección de un presidente con voto de calidad en caso de empates conflictivos. Será una batalla global a dirimir en el Supremo y en el Constitucional. Y todo ello, con un riesgo añadido para Sánchez: a Zapatero, la mayoría progresista del TC no le sirvió de nada frente al chantaje del independentismo. Aun con mayoría «ideológica», perdió el envite. «Tenemos que hablar», se dijeron Oriol Junqueras y Sánchez en el Congreso . Pero ya no depende solo de ellos.