«Si no financiabas a ETA te convertían en objetivo militar»

Su coordinadora, la socióloga Izaskun Sáez de la Fuente (Bilbao, 1970), destaca que la intimidación resultó muy efectiva para la organización, que obtuvo de esta forma la mayor parte de sus ingresos.

¿Cómo surgió el «Impuesto revolucionario»?

Al principio ETA buscaba contribuciones voluntarias, pero ¿hasta qué punto contribuye uno voluntariamente o contribuye por si acaso para que no se te personen en la empresa dos o tres y te digan: «Oye, estamos luchando por la libertad del País Vasco y tú tendrás que dar una cuota de lo tuyo»? El mal llamado «impuesto revolucionario» se acuña tras la muerte de Franco, a partir del 75, que es cuando comienzan a llegar las primeras cartas.

En su libro explican que las misivas iban adquiriendo un tono distinto con el paso del tiempo. ¿Cómo se producía esta evolución?

El tono de las cartas iba cambiando a medida que ETA se daba cuenta de que con la primera no conseguía el efecto intimidante y el doblegamiento de la voluntad de las personas a las que extorsionaba. Si una decidía no pagar, empezaba a aumentar la dosis de amedrentamiento. Hay gente que ha recibido hasta siete u ocho cartas. Evidentemente, el miedo que pretendían inocular era cada vez mayor, de tal manera que si en un principio se pedía una contribución voluntaria, al final se hablaba de que tanto la víctima como sus bienes y su familia se habían convertido en objetivo militar.

¿Qué otros mecanismos utilizaba ETA para inculcar el miedo en sus víctimas?

En el momento en el que descubrían que no había manera de doblegar la voluntad de los extorsionados, las cartas eran más frecuentes y se diversificaban los mecanismos. Primero, las misivas ya no llegaban directamente a ellos o a sus empresas, sino a sus familiares. Incluso a sus hijos menores de edad. Entonces empezaban a verse en la diana: los violentos hacían pasquines en la calle que los señalaban como fascistas, realizaban concentraciones amedrentadoras frente a sus domicilios o incluso les dejaban animales muertos en las puertas de sus casas.

¿Qué sentían las víctimas cuando recibían una de esas cartas?

Cuando uno recibe la primera carta se hace al menos dos preguntas. La primera es: «¿Por qué me ha tocado a mí?». Esa pregunta adquiría matices diferentes si uno pertenecía al colectivo nacionalista, porque ellos entendían que se ponía en entredicho su compromiso con la causa vasca. Y la siguiente era: «¿Quién se ha chivado?», porque tenían la sensación de que había «gente de campo» en su entorno más o menos próximo que había contado a ETA cuál era su situación personal. Es decir, cómo vivía, si tenía o no dinero, si su empresa poseía dividendos o no…

«Gente de campo», «impuesto revolucionario»… Parece que ETA consiguió establecer e imponer su propio lenguaje.

Sí, por supuesto. Desde la perspectiva ética nosotros hemos denunciado el uso perverso del lenguaje que realiza ETA, que de alguna manera alimenta lo que fue la justificación o la legitimación social de la extorsión. Hasta los medios de comunicación usaban estos términos. En lugar de hablar de secuestros se hablaba de arrestos. En lugar de asesinatos se hablaba de ejecuciones en manos del «tribunal del pueblo».

¿Cuáles eran las consecuencias de no pagar?

Si no hacías caso a las cartas, evidentemente te situaban en el punto de la diana. Podías ser objeto de un secuestro o directamente ser asesinado. Hay gente que, más que las secuelas personales, subraya el sentimiento de culpa que ha sentido por haber colocado a su familia en el punto de mira de los violentos. Son familias que han sufrido secuelas después del shock experimentado. Además, hay que tener en cuenta que, en general, no estamos hablando de familias pobres, sino de personas con recursos que parecía que no tenían derecho a sufrir porque tenían dinero. «¡Pero si es un capitalista, que se pague un spa!», decían.

¿Consiguió ETA que pagaran muchos empresarios?

Por los estudios que se han hecho hemos podido comprobar que la mayoría no pagó ni se marchó de la Comunidad Autónoma. Pero con el dinero de los que pagaron fue suficiente como para mantener a ETA durante más de 40 años.