Servicio de prensa a pie de banquillo para el diputado ruso Reznik

Otra curiosidad del primer día de juicio fue la presencia en la Sala de la sede de San Fernando de Henares de más prensa rusa que española, dado el interés que la operación Troika ha suscitado en Rusia, la mayoría de las veces para acusar a la Fiscalía española de no contar con «pruebas consistentes». Para determinados medios, a Reznik y a su mujer Diana Gindin, cuya casa en Mallorca acumula polvo desde 2008, se les acusa por «compartir nacionalidad con personas que han podido verse relacionadas con organizaciones criminales».

La defensa del letrado que les llevó parte de sus inversiones a ellos y al capo Gennadios Petrov (fugado), Juan Antonio Untoria, pidió la suspensión del juicio oral por no comparecer ni Petrov ni su mujer. La Fiscalía argumentó que es normal no tener a disposición de la Justicia a las personas con mayor capacidad económica, pero eso no impide que se enjuicie al resto.

Nueve años y medio después de la operación Troika, el juicio contra la «Tambovskaya», una organización criminal de origen ruso que se implantó en España en los 90, comenzó con sorpresa. Nada más formarse la Sala, los dos fiscales Anticorrupción, José Grinda y Juan Carrau, presentaron una nueva prueba que ilustra el tipo de delincuencia que se está juzgando: una carta de la que fue fiscal general del Estado Consuelo Madrigal enviada al secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez. En ese documento Madrigal detalla que el fiscal Grinda y miembros de su familia, «entre los que se encuentran menores de edad» han recibido «amenazas directas» procedentes de miembros de la «Tambovskaya», y en concreto, de uno de sus supuestos dirigentes, Ilias Traber, contra quien hay dictada orden de busca y captura europea.

«Ruego se me facilite información sobre la valoración profesional de la realidad y verosimilitud de dichos riesgos», pide Madrigal, así como sobre las medidas oportunas para prevenirlos o minimizarlos. En la carta, que fue entregada a las partes, la exfiscal general recuerda a Interior que aunque su subordinado dispone de un servicio de escolta personal «los antecedentes delictivos y los hechos que con fundamento se atribuyen a la referida organización criminal y al señor Traber confieren a sus amenazas un carácter particularmente inquietante». Y añade que agradecería tener información sobre las medidas que se adopten para garantizar la seguridad personal del fiscal y su familia, en un escrito fechado el 7 de octubre de 2016.

Frente a esas coacciones reales, el abogado de uno de los acusados, Kiril Yudashev, afeó a la Fiscalía la presentación del documento y le reprochó que recurriera a la estrategia del «difama que algo queda». «Es a la fiscal general a la que le ha imputado usted la difamación», le replicó Grinda.

La Sala, presidida por Ángeles Barreiro, juzga a 18 personas acusadas de asociación ilícita y un delito continuado de blanqueo de dinero a los que se pide 5,6 años de prisión y multas de cien millones de euros. Como estaba previsto, ninguno de los dos jefes detenidos en Mallorca y Málaga, Gennadios Petrov y Alexander Malyshev, comparecieron (llevan años huidos de la Justicia), pero sí lo hicieron varios subalternos; los abogados y gestores que les movieron los fondos millonarios, así como el diputado de la Duma y miembro del partido Rusia Unida, Vladislav Reznik y su mujer Diana Gindin. Ambos son amigos y socios de Petrov, con quien compartían fiestas y estancias en Mallorca e incluso gestores. De hecho la casa de la pareja en la isla se la vendió Petrov. Ilias Traber (el que según la Fiscalía amenazó a Grinda), conocido como «el Anticuario», Petrov y Reznik compartían avión privado, a tenor de las pesquisas. Traber no está acusado porque nunca se le ha podido tomar declaración.

Los juzgados (once rusos, seis españoles y un alemán) atendieron el ofrecimiento del Ministerio Público que ha conformado con uno de ellos y probablemente cerrará hoy un acuerdo con otro. El resto no aceptó pactos. La segunda sorpresa en la Sala se produjo cuando el abogado de Cuatrecasas, que defiende al diputado, presentó un certificado de antecedentes penales de La Haya referido a Petrov para justificar que el capo huido carece de antecedentes. «No son los mismos los de 2017 que los que tenía en 2008 y menos cuando se le empezó a investigar», dice la Fiscalía. Según el letrado, el certificado se lo entregó Anton, el hijo de Petrov, también en busca y captura...