El Senado tardaría hasta una semana en votar la aprobación del artículo 155

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Si bien el Gobierno siempre ha sostenido que el procedimiento podría resolverse en 48 horas, lo cierto es que fuentes parlamentarias creen que el Ejecutivo, de acuerdo con el PSOE, no sería en este momento partidario de acelerar los trámites para evitar trasladar la imagen de precipitación y alejar cualquier comparación con lo ocurrido en el Parlament el 6 y 7 de septiembre, días en los que se vulneró el Reglamento del Legislativo catalán y se silenció cualquier labor de oposición.

La Mesa del Senado se reunirá el sábado, justo después del Consejo de Ministros para establecer el calendario y la fórmula de la tramitación. El Reglamento contempla dos vías para cursar la petición del Gobierno: a través de la Comisión General de Comunidades Autónomas o mediante la creación de una comisión mixta, conformada por senadores de las comisiones afectadas por la materia de las decisiones que proponga Rajoy. En cualquiera de los dos supuestos, el órgano correspondiente ofrecerá un plazo al presidente de la Generalitat para que presente y defienda -él mismo o una persona que designe- las alegaciones, datos o antecedentes que considere en contestación a las decisiones que adopte el Ejecutivo. Aunque no existen fechas prefijadas, fuentes de la Cámara Alta establecen como las más probables para la celebración del Pleno el jueves 26 o el viernes 27 de octubre. Entretanto, nadie descarta que Puigdemont pudiera hacer una maniobra para convocar elecciones durante los días previos, lo que pondría en un serio aprieto al Gobierno que ya habría aprobado en Consejo de Ministros la aplicación del 155 y tendría que desactivarlo, siempre que esa convocatoria no fuera acompañada de una declaración de independencia.

La comisión por la que finalmente se opte podría ser convocada el lunes 23, justo un día antes de que se celebre el pleno ordinario del Senado el martes 24, con la sesión de control en la que Rajoy contestará a la oposición, pleno que se prolongará al miércoles por la mañana. El voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara (garantizada por los escaños del PP a los que se sumarán probablemente el PSOE y Ciudadanos) permitirá al Estado dar luz verde a un artículo constitucional jamás aplicado.