El Poder Judicial planta cara a la reforma unilateral del Gobierno y exige ser oído

Según ha podido saber ABC, en un acuerdo adoptado con 16 votos a favor, lo que implica que se han sumado vocales propuestos por el propio PSOE, el Consejo insta a la Cámara Baja a que solicite informes al Consejo, así como al citado organismo europeo y que se dé traslado de este acuerdo a la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ) «a los efectos oportunos».

En su acuerdo, el Pleno se hace eco de la toma en consideración de esta proposición de ley en el Congreso el pasado martes, y recuerda que la misma «afecta al núcleo esencial de las competencias que la Constitución» atribuye expresamente al órgano «en garantía de la independencia judicial» .

«El artículo 561.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece la obligación de someter los anteproyectos aprobados por el Gobierno al informe del Pleno de este Consejo, en tanto que conforme al artículo 561.1.9° de esa misma ley dicho sometimiento es potestativo en el caso de las proposiciones de Ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios».

Ello no obstante, la trascendencia constitucional de la modificación propuesta y la exigencia de «interpretación conforme» con el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), demandan que toda iniciativa legislativa –cualquiera que sea su origen- que, como la presente, delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, deba tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados . Eso incluye, apunta, al propio CGPJ y a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia -Consejo de Europa-) así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas.

Los vocales recuerdan que esta exigencia de dar audiencia a todas las partes implicadas ha sido establecida por las propias instituciones europeas en relación con el respeto a los principios propios del Estado de Derecho , entre los que ocupa un lugar destacado la independencia judicial.

El Pleno alude a su anterior Acuerdo de 30 de octubre de 2020, en el que ya expresó «su preocupación» ante una iniciativa parlamentaria que incluía, entre otros, el contenido de la nueva proposición de Ley y que permanecería expectante ante la evolución de los acontecimientos a los efectos de adoptar las decisiones oportunas. En ese texto, añade, «se instaba a los grupos parlamentarios de las dos Cámaras que integran las Cortes Generales a que dieran cumplimiento lo antes posible a la obligación constitucional de proceder sin más demora a la renovación de este Consejo. Solicitud que debemos reiterar».

En una votación previa a la aprobación del acuerdo, los cinco vocales del sector progresista que han votado en contra del acuerdo, han respaldado una enmienda alternativa presentada por el vocal y exdiputado socialista Álvaro Cuesta en la que se proponía anunciar al Congreso y al Senado la decisión mayoritaria de los miembros del órgano de gobierno de los jueces de presentar su renuncia con efectos del 1 de enero de 2021 a los efectos de que las Cámaras hicieran sus previsiones institucionales correspondientes y cumplieran con su obligación de renovar el CGPJ. La enmienda ha sido rechazada con el voto de los otros 16 integrantes del Pleno.

Justo antes, y por una abrumadora mayoría de 18 votos el Pleno del Consejo General del Poder Judicial sacaba adelante cuatro nuevos nombramientos ajeno a la proposición de ley que pretende limitar sus funciones y despojarle de la posibilidad de hacerlos una vez vencido su mandato. Es esclarecedor el hecho de que seis de los nueve vocales progresistas del Consejo hayan apoyado con sus votos esos nombramientos, que, al igual que los de los últimos dos meses, han salido adelante con el respaldo mayoritario del órgano y los votos en blanco (que no en contra) de otros tres vocales progresistas: el exdiputado Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda (ambos nombrados a propuesta del PSOE) y el de la secretaria judicial Concepción Sáez , a propuesta de IU.

Todos los vocales de procedencia judicial propuestos por el PSOE han respaldado los nombramientos , lo que supone un espaldarazo a que el CGPJ siga desempeñando sus funciones con normalidad. Se trata de Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, María Victoria Cinto, Mar Cabrejas y Rafael Mozo. El sexto voto es del abogado Enrique Lucas, propuesto por el PNV, socio del Gobierno de Sánchez y quien suele votar con el bloque progresista.

Los jueces elegidos para las plazas cubiertas hoy han sido María José Renedo Juárez para la Presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, con sede en Burgos; David Ordóñez Solís, como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias, y Joaquín González Casso, como presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres. Por su parte, José Pablo Aramendi Sánchez ha sido elegido presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en su caso con 17 votos.

El Pleno del órgano de gobierno de los jueces también ha aprobado este jueves con 20 votos a favor y uno en contra -el de la vocal Concepción Sáez- las bases que regirán el proceso de selección de doce plazas de nombramiento discrecional que han quedado vacantes en los últimos meses, lo que permitiría proceder a su futura convocatoria.

Como informó ABC, seis de esas vacantes se han producido en el Tribunal Supremo : dos en la Sala Primera -cuya planta, incluyendo al presidente, es de diez magistrados, por lo que suponen una reducción de efectivos del 20 por ciento- , dos en la Sala Tercera, una en la Sala Cuarta y una en la Sala Quinta. Corresponden a las jubilaciones de Antonio Salas y Eduardo Baena (Sala Primera), Francisco Javier Borrego y Jorge Rodríguez-Zapata (Sala Tercera), Jesús Gullón (Sala Cuarta) y Ángel Calderón (Sala Quinta).

El resto de las bases de convocatoria aprobadas son las de las presidencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del País Vasco, de la Sala de lo Social del TSJ de Extremadura y de las Audiencias Provinciales de Burgos, Girona, La Rioja y Lugo.