Seis vocales avisan de que el CGPJ tiene que opinar sobre su reforma exprés

En su escrito a Lesmes, al que ha tenido acceso ABC, estos seis vocales señalan que al tratar esta reforma «aspectos nucleares del estatuto de los miembros del poder judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ y también a la Comisión de Venecia (Consejo de Europa)». Por ello, piden al presidente que incluya en el orden del día la solicitud al Congreso de ambos informes.

La mayor parte de los vocales que integran el Consejo están molestos con esta reforma, desgajada de la proposición de ley que, además de limitar las atribuciones, pretendía reducir las mayorías en la elección parlamentaria de los doce de procedencia judicial. En el Pleno extraordinario del pasado 28 de octubre, los vocales ya mostraron su «preocupación por que cualquier reforma que se lleve a cabo de la ley del Poder Judicial sea exquisitamente conforme a la Constitución y con el derecho de la Unión Europea».

De momento, el Pleno de este jueves contempla cinco nuevos nombramientos : la presidencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional, las de las salas Social y Contencioso-Administrativa de los tribunales superiores de justicia de Castilla y León y Asturias, respectivamente; la de la Audiencia Provincial de Cáceres y una quinta de auditor presidente del Tribunal Territorial Tercero de Barcelona (jurisdicción militar). Además, se va a llevar la aprobación de las bases para la convocatoria de otras once plazas, seis de ellas en el Tribunal Supremo.

De forma mayoritaria los vocales defienden que el CGPJ continúe haciendo nombramientos en el ejercicio de las funciones que constitucionalmente tiene atribuidas. Prueba de ello son los que ha venido realizando desde que venció su mandato en diciembre de 2018 y que en el caso de los dos últimos plenos han obtenido un respaldo casi unánime. Sostienen que los jueces, y por extensión, el ciudadano, no tienen por qué pagar las consecuencias de la falta de entendimiento de los partidos en la renovación del órgano y que plazas vacantes por fallecimientos o jubilaciones no tienen que quedar al albur de la oportunidad política. En declaraciones a ABC, critican también el hecho de que algunos urjan a la renovación del órgano «porque han cambiado las mayorías parlamentarias» cuando precisamente si el mandato del Consejo es de cinco años es por no hacerlo coincidir con el de la legislatura para evitar esa indeseable imagen de politización.

Desde el PP se recordó al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo , que mientras fue vocal de un CGPJ en funciones, este órgano realizó 32 nombramientos, y entonces «no le parecía mal». Ahora lamentan su «incoherencia» y que como ministro apoye una reforma que pretende limitar esa competencia del Consejo.

De momento, la comunicación entre el PSOE y el PP sigue siendo inexistente. No hay ningún avance en una negociación que está, hoy por hoy, enquistada . Los populares tienen previsto rechazar hoy la toma en consideración de la proposición de ley orgánica para limitar las competencias del Poder Judicial en funciones. Aunque fuentes del grupo parlamentario socialista aseguran que hace unos días mantuvieron un contacto con el PP para abordar esta cuestión, sí reconocen que no ha habido más contactos para este asunto. Y aseguran que ya en ese momento quedó patente que los populares no iban a apoyar la toma en consideración. Fuentes gubernamentales insisten en que esta reforma parcial es ineludible porque es «anómalo» que no exista una regulación de sus funciones con el mandato caducado como sí sucede, por ejemplo, con un gobierno en funciones. En el Gobierno calculan que esta reforma estará definitivamente aprobada en marzo. Y a día de hoy rechazan retirarla en el caso de que previamente se alcance un acuerdo para la renovación del órgano.

Ese acuerdo, que el Gobierno asegura que en sus contenidos estaba muy avanzado, sigue lejos de cristalizar. El PP mantienen intactas sus tres condiciones, como reiteró el secretario general del PP, Teodoro García Egea : despolitización de la Justicia, excluir a Podemos de cualquier tipo de negociación y acuerdo y retirada inmediata de la «ley de la patada en la puerta judicial», como denominan a la reforma para reducir la mayoría necesaria con la que renovar el CGPJ. Precisamente ayer el PSOE, por boca de su secretario de Organización, José Luis Ábalos , defendió que Podemos sí debe participar en esta renovación, esgrimiendo que en el pasado lo han hecho grupos más minoritarios.

Ayer, en Génova, seguía sin recibirse la llamada de Pedro Sánchez a Pablo Casado. El presidente había anunciado que se pondría en contacto con el líder del PP para renovar el Consejo. A los populares les parece ya un escándalo en sí mismo que con todos los problemas que tiene este país, Sánchez solo quiera hablar de la renovación de los jueces. Pero, con todo, tienen clara cuál será la respuesta de Casado. Además de reafirmarse en sus condiciones, volverá a ofrecerle 13 pactos de Estado , sobre inmigración o sobre empleo, entre otros.