Pedro Sánchez convierte a 2019 en el primer año sin leyes de toda la democracia

La consecuencia de esas decisiones supone un hito en la historia de nuestra democracia: 2019 se despide como el primer año «en blanco» en cuanto a nuevas leyes se refiere. Por primera vez en cuarenta años, el Congreso de los Diputados no ha aprobado ningún proyecto de ley remitido por el Gobierno, pero tampoco ha dado el visto bueno a ninguna iniciativa legislativa impulsada por los grupos parlamentarios, las comunidades autónomas o el Senado.

A lo largo de este 2019, el Gobierno socialista remitió al Congreso un total de 13 proyectos de ley y todos acabaron frustrados. De todos ellos, su gran propósito, al que dedicó sus mayores esfuerzos, fue la elaboración de un nuevo Presupuesto. Sin embargo, ni siquiera logró superar el debate de totalidad en el Pleno ya que los socios independentistas del PSOE se encargaron de tumbarlo en la primera votación.

Las otras doce propuestas legislativas que el Gobierno socialista remitió este año a la Cámara perecieron caducadas . De ellas, ocho ni siquiera tenían cuerpo de ley sino que procedían de reales decretos-leyes que el Congreso decidió tramitar como proyectos legislativos para poder introducir enmiendas. Entre ellos se encuentran la ampliación de las medidas urgentes para paliar la quiebra de Thomas Cook; impulsar la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad; revalorizar las pensiones; favorecer la creación artística y cinematográfica; fomentar una transición justa de la minería del carbón; mejorar las retribuciones del sector público; armonizar la legislación sobre marcas y viajes; reformar materia tributaria y catastral; o herramientas macroprudenciales. Los otros tres textos fueron remitidos como proyectos de ley. Se trata de las propuestas de nuevos impuestos sobre las transacciones financieras; servicios digitales (tasa Google); y la reforma de la Ley Orgánica de Educación.

Esta absoluta parálisis ha impedido plantear las grandes reformas y necesarios pactos de Estado que España tiene pendientes desde hace varios años en materias tan cruciales como el desafío secesionista catalán, las pensiones, infraestructuras, educación, despoblación rural, violencia de género, Justicia, política internacional o reformas para evitar nuevos bloqueos políticos. Además, ha sometido a hibernación aquellos textos que alcanzaron un avanzado estado de tramitación en la XII Legislatura y que decayeron por la convocatoria de las elecciones anticipadas del 28 de abril. Todos los grupos apuntaron que no era trabajo perdido y que podría recuperarse en la siguiente legislatura, pero la investidura fallida de julio y la repetición electoral de noviembre impidieron poner en marcha una tramitación parlamentaria que tendrá que arrancar desde cero. El Gobierno de Pedro Sánchez lleva gestionando el país de manera interina desde hace ocho meses, pero tuvo capacidad plena durante otros cuatro, dos de ellos con Las Cortes constituidas.

Aunque es la segunda vez que España sufre un bloqueo político, este paupérrimo balance no se produjo en 2016, año en el que tuvo lugar la primera legislatura fallida de la democracia. Entonces, el Ejecutivo popular aprovechó los dos meses que gestionó el país con plenos poderes para remitir al Congreso tres proyectos de ley que fueron tomados en consideración por el Pleno. Ninguno proponía grandes reformas, pero sí ponían al país al día en las cuestiones técnicas que no admitían más retrasos. El primero de ellos modificaba la legislación sobre precursores de explosivos y los otros dos trasponían directivas europeas para la ley de Contratos del Sector Público en un caso y para la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la UE en el otro.

A ello se añadió la actividad legislativa desarrollada durante el periodo en funciones. Diez meses en los que el Pleno de la Cámara aprobó tres proposiciones de ley de grupos parlamentarios. Un texto del Grupo Socialista para reformar el Régimen Electoral General en caso de convocatoria automática de elecciones, otro para reformar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y un tercero para modificar la ley de RTVE. Junto a ellos, y ya tras la reelección de Rajoy, el hemiciclo tomó en consideración una proposición de ley de Ciudadanos para reformas urgentes del trabajo autónomo, y otra proposición de ley impulsada por el Senado para garantizar la participación de las personas con discapacidad en los jurados.

La actividad legislativa del Gobierno socialista en estos doce meses se ha limitado así a la aprobación de Reales Decretos-Leyes, los denominados popularmente como «decretazos». Una herramienta que la Constitución reserva para casos «de extraordinaria y urgente necesidad» y a la que atribuye un carácter «provisional». El espíritu democrático de esta herramienta es, además, muy limitado ya que no permite a la oposición proponer ni introducir enmiendas.

Los socialistas lograron convalidar en el Congreso un total de 17 textos de este tipo. Un tercio de ellos en las semanas previas a las elecciones del 28 de abril, lo que disparó aún más la polémica por la utilización de este instrumento. A este paquete pertenecieron los decretos que aumentaron los permisos de paternidad, elevaron las ayudas a los desempleados de más de 52 años, y mejoraron las condiciones de los inquilinos en la ley del alquiler. El pacto entre Gobierno y sindicatos del sector de la estiba, el permiso para que autonomías y ayuntamientos reinviertan su superávit y las medidas de contingencia ante un Brexit sin acuerdo también entraron en vigor por esta vía, convirtiendo a los «decretazos» en el gran legado legislativo de Pedro Sánchez.